Los ecuatorianos queremos creer. En los años que vivimos, la tecnología permite transparentar la verdad, de querer hacérselo.
Un caso reciente. En El Comercio del sábado 23 de julio se publicó que se había traspasado USD 120 millones de la subcuenta de los recursos recaudados por “las contribuciones solidarias” que se vienen cobrando desde junio del 2016, con el exclusivo y único fin de invertir en la reconstrucción y otras soluciones de los sectores nacionales afectados por el sismo del 16 de abril del 2016 a la cuenta única para pagos del Presupuesto del Estado.
La respuesta del gobierno fue el mismo sábado, en la tarde: “en un eficiente e integrado manejo de la liquidez, se ha venido pagando prioritariamente a proveedores de bienes y servicios del sector público en Manabí y Esmeraldas”. ¿Qué significa “prioritariamente” en el caso específico?, ¿qué se quiere decir con lo de “eficiente e integrado manejo de la liquidez”?, ¿será todo juntarlo, cuando justamente la imposición de “las contribuciones solidarias” generó el rechazo del riesgo del desvío de esos recursos a cubrir el tremendo hueco fiscal de antes del sismo y el gobierno se comprometió a no desviarlos?
Ahora que el gobierno asume que está proponiendo “un pacto ético”, tiene la oportunidad de evidenciar la “ética”, publicando en forma detallada, quienes han sido los beneficiarios de los pagos por USD 120 millones, lo que además permitirá conocer el sentido de prioridad del gobierno.
En materia de deuda pública, la estructura y los saldos que publicita el gobierno son parciales, porque excluyen componentes que son deudas, como es el caso de lo adeudado por transferencias no realizadas a casi todas las entidades que deben recibirlas y lo no pagado a proveedores. Tampoco se incluye títulos valores a corto plazo ni lo que se les debe a los que “anticiparon” pagos, cobrando intereses, por entregas futuras de petróleo –acreedores privilegiados de deuda colateralizada con petróleo-, por ejemplo.
¡Qué sano y ético sería publicar en forma desagregada cada componente de deuda pública, lo que el Gobierno registra como tal y los otros segmentos, aun cuando insista que no son componentes de deuda pública!. Que lo haga por partes.
Y sobre el compromiso de entregas futuras de petróleo hasta el año 2022, que se ha denunciado, el Gobierno ha señalado que es falso que esté comprometido la mayor parte del petróleo a producirse hasta ese año. Queremos creerle: que publique sus cifras desagregadas hasta el 2022, puntualizando cuantos barriles –no solo supuestos porcentajes- están comprometidos, con qué empresas y sobre que partes de éstos ya se habría recibido pagos anticipados.
Es realmente simple y rápido tener comportamiento ético desde el poder.