El Ecuador ha entrado en una situación delicada. No tanto por causa de las propias circunstancias, sino principalmente por la necedad y empecinamiento de sus gobernantes.
Buena parte del ambiente de agitación política que vive ahora el país, así como la creciente paralización de importantes sectores de la economía (por ejemplo, el de la construcción), se ha debido al interés del Gobierno de aprobar dos proyectos de ley por demás polémicos: el de las herencias y de la plusvalía.
Parece que la visita del papa Francisco no sirvió para mucho. Sus palabras de unidad, diálogo e inclusión social no han tenido eco en la esfera del Ejecutivo. En la última sabatina, el presidente Rafael Correa ha vuelto a reafirmar su clara intención de retomar el tratamiento de estos dos proyectos de ley “ya que no le han demostrado hasta el día de hoy cómo van a afectar a la clase media”.
Pese a que el mismo Gobierno ha emprendido la iniciativa de convocar a un diálogo nacional, la postura del Presidente no está contribuyendo a crear un clima de paz social ni tampoco a dar señales alentadoras al sector productivo del país. Da la impresión que la tozudez del Presidente en lugar de favorecerle le perjudica aún más.
Por un lado, varias organizaciones indígenas, sindicatos y gremios profesionales han anunciado nuevas movilizaciones. Ya hay una marcha indígena que partirá desde la Amazonía el 3 de agosto, así como una fecha tentativa para un nuevo paro nacional. Nada impide que las protestas, que ya se dieron en Quito, Guayaquil y en otras ciudades, vuelvan a reactivarse con mayor fuerza. En muchos casos no solo se pide el retiro definitivo de los dos proyectos de ley sino incluso profundas rectificaciones.
El hecho de que en las últimas protestas se haya repetido en varias ocasiones el “Fuera Correa, fuera” dice mucho del nivel de insatisfacción y hartazgo que se vive en la actualidad. Me atrevería a afirmar incluso que el primer instigador (conspirador, para usar las palabras del régimen) es el propio Presidente.
Por otro lado, la paralización que actualmente afecta a un sector importante del aparato productivo nacional no se debe a factores netamente económicos sino políticos. Me refiero a la expectativa que generan en el sector productivo las leyes de la herencia y de la plusvalía.
En este caso es el propio Presidente quien cava su propia tumba. Su postura frente a estos proyectos de ley está provocando que los niveles inversión privada caigan abruptamente, afectando con ello al desempeño de la economía como tal. Aunque el Gobierno mantenga una previsión de crecimiento del 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2015, esta cifra, por la incertidumbre existente, caerá aún más.
De este modo, se hace imperativo un cambio de rumbo. Esto implica que ambos proyectos de ley sean archivados. Gesto indispensable para sentarse a dialogar.
Veamos si la razón prevale sobre la necedad presidencial.