El trámite de las últimas reformas laborales sirvió para mostrar lo difícil que resultará, a cualquier gobierno que suceda al actual, aún si fuese del mismo signo, administrar un país en donde las ideologías aún juegan un papel preponderante y en el que las disputas, totalmente alejadas de la realidad circundante, impiden que se traten temas que – tarde o temprano- deberán ser atendidos.
Partiendo de la misma propuesta gubernamental hay que afirmar que, en los hechos, poco o nada servirá ese articulado una vez convertido en ley para el supuesto propósito para el que fue presentado. Es exiguo su contenido rescatable; y, si se busca por ese medio alentar la contratación de jóvenes, el resultado final será limitado. Pero, de otro lado, sirvió para observar cómo dentro del mismo grupo de legisladores gobiernistas y también de parte de los sectores opositores, una ley de esta naturaleza termina convertida en baratillo de ofertas, donde cada quién esboza una serie de propuestas que, si llegasen a convertirse en norma, constituirían elementos aún más perniciosos para la creación de empleos.
Al parecer, no existe suficiente información sobre lo que sucede en al ámbito mundial en relación a este tema y aquello, en épocas donde la comunicación es global, es inaudito. Si algún problema es común a los países es el enorme número de gente desocupada o que desarrolla labores en el sector informal de la economía, sin que hasta el momento se encuentren soluciones viables que permitan la inclusión al mundo del trabajo a millones de personas que hoy por hoy carecen de posibilidades de acceder a un empleo digno y sustentable.
Si para ello se propone como solución poner más cargas a las empresas o dificultar la contratación de la mano de obra, volver más rígida la normativa, simplemente los capitales se ahuyentan. Hay que insistir que es un fenómeno mundial y no competimos en el orden local, sino que las inversiones miran dónde existen condiciones para establecerse, sin que ello signifique que se desatiendan las obligaciones para con los trabajadores. Es más, cada vez se aumenta la tendencia de las empresas en adoptar códigos de conducta severos que obligan a sus funcionarios, lejos de sus matrices, a ser más cuidadosos en cuanto al cumplimiento estricto de las normas locales y las de orden internacional.
En consecuencia, imponer más cargas al sector empleador, hostigarlo y tratarlo de manera que el solo hecho de realizar un emprendimiento ya sea considerado como algo negativo, es un error de bulto y los resultados son ostensibles en muy corto tiempo. Si algo se requiere en el país es un gran pacto por el empleo, pero en el que los actores sociales entren convencidos que el mecanismo idóneo para alcanzarlo es propiciar acuerdos mínimos. Más aún si se busca salir adelante en una etapa en la que las condiciones no son las más favorables.
Insistir en los discursos y en las posiciones que, supuestamente, eran vanguardia hace 40 años, a lo único que conduce es a quedar cada vez más y más relegados.