Hace pocos días, en Washington, en la 45º Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Patricio Pazmiño fue designado en la alta función de juez de la CIDH, quien posee la aureola máxima de fidelidad al correísmo en estos ocho años y medio en el cargo de Presidente del extinto Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy Corte Constitucional.
Este nombramiento es la confirmación, una vez más, de que el poder absoluto presidencial ecuatoriano gana espacio internacional, pese a ser un país lleno de violaciones a la libre expresión, porque de 15 expedientes por denuncias 13 dieron fallo contra el Estado por haber violado derechos ciudadanos.
Además, esa Corte ostenta el galardón que constituye la declaración como servicio público del Estado a la comunicación, constante en las 16 enmiendas que así fueron declaradas en el dictamen del 31 de octubre-2014, cuando son evidentes reformas al texto constitucional de octubre del 2008.
En los votos de 22 países a favor de esa designación, a pesar de fuertes críticas, más peso tuvo la proposición del Gobierno ecuatoriano, que la hoja de vida del candidato admirador y fiel al poder absoluto presidencial.
Esta ubicación hará difícil, al extremo, demostrar imparcialidad en su cargo, y más bien ya debe el país estar atento cuando exprese criterios o emita votos que estarán impregnados por la falta de independencia.
Al proponer su candidatura, no se exhibiópruebas de obras que haya escrito en el ámbito de los DD.HH., de haber sustentado cátedra universitaria inherente a este campo, ni en ningún otro del derecho; y sobre todo, de haber desempeñado idóneamente esa vocalía-presidencia durante casi una década. Estos elementos ausentes en ese juez, ahora regional, seguramente disminuirán su calidad en el trabajo si se lo compara con el de quienes representan a otros países.
Y a propósito de esta designación, hace un año, en la 44º Asamblea de la OEA del 2014, el ágil canciller Ricardo Patiño anunció la donación de un millón de dólares al presupuesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también arreció con críticas a la Comisión Interamericana.
Por su lado, Andrés Páez, asambleísta valiente de oposición, declaró en marzo a El País de España que el correísmo al estar de salida “quiere dejar un sistema interamericano propio para evadir esa justicia internacional y controlar los juicios que vendrán por serias acusaciones de violaciones a los derechos humanos… esto necesita para mantener la impunidad, frente a la persecución a periodistas y empresarios”. Concluyó que, si el Ecuador ha criticado a esa Corte, deben existir fines ocultos en esa donación.
Al año de haber entregado la generosa donación de USD 1 millón, se produce el objetivo oculto, y Patricio Pazmiño ya estará en funciones a finales de este 2015 para detener y archivar cualquier denuncia contra el correísmo. La unanimidad de votos lo demuestra.
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