Mauricio Dávalos Guevara

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Martes 04 de septiembre 2018

La economía ecuatoriana, en los últimos tres años, ha decrecido o ha tenido un pequeñísimo crecimiento anual. Al mismo tiempo, menos de la mitad de la población económicamente activa ha tenido un “empleo adecuado”. Desde septiembre 2017, el índice de precios al consumidor anualizado ha venido cayendo todos los meses, tenemos casi un año de deflación, debido principalmente a la debilidad de la demanda. Pero este estancamiento económico se da, dentro del esquema de dolarización, con un simultáneo encarecimiento de la producción ecuatoriana debido principalmente a una alta carga impositiva (soportada sólo por la mitad de la economía, que es la formal); a un alto nivel de salarios reales y total rigidez de contratación laboral; a altas cargas derivadas de múltiples regulaciones de toda índole, que pesan sobre las empresas; y, al aislamiento comercial internacional al que se le ha condenado al Ecuador.

Para completar este cuadro de falta de competitividad de la economía ecuatoriana, el déficit fiscal bordea el 8% del PIB y la deuda pública, que supera los 65 mil millones de dólares, se ha tornado impagable por los términos en los que fue contratada.

Para resolver los problemas descritos, las autoridades económicas han dado ciertos tímidos pasos, aunque en la correcta dirección. La propuesta del gobierno está contenida en la Ley de Fomento Productivo, recién aprobada por la Asamblea. En esa Ley se da importantes incentivos para nuevas inversiones, especialmente en la forma de exenciones del impuesto a la renta; así como promesas de eliminar o disminuir dos impuestos que jamás debieron existir: el anticipo del impuesto a la renta y el de la salida de capitales. Parecería que las autoridades no se han dado cuenta que para mantener a flote las actuales empresas productivas y para conseguir nuevas inversiones, esos tímidos estímulos no serán suficientes.

Se hace imprescindible que el gobierno proponga un plan económico integral que, desmontando todo el estrangulamiento impositivo, laboral, regulatorio y comercial al que se tiene sometido al aparato productivo, se lo use como propuesta base de un acuerdo con el FMI. Sólo con dicho acuerdo podrá el Ecuador obtener alrededor de 10 mil millones de dólares en préstamos blandos, para financiar el déficit fiscal. Un acuerdo concebido en los términos sugeridos, bajaría rápidamente el índice de riesgo país y convencería a nuevos inversionistas.

Sólo entonces podrá el Ecuador recurrir a los mercados internacionales para colocar nuevos bonos de deuda, en términos más baratos, con cuyos recursos se podría renegociar la deuda cara actual. Sólo entonces también podrá el Ecuador volver a crecer y a generar la producción y el empleo que necesita.