“Nunca la situación había estado tan mal como ahora”, sentencia María Antonia Figueroa, directora de una guardería y un preescolar comunitarios en uno de los mayores asentamientos precarios del Gran Buenos Aires y testigo de primera línea del impacto social de la crisis económica.
“Todos los días vienen los padres y me piden: ‘¿No tenés una ollita para llevar a casa?’ Si me sobró algo, les doy. Puede ser una fruta o un pedazo de pan”, contó ante el Jardín Comunitario Obrador, donde pasan la jornada niños de hasta 5 años en Villa Itatí, una barriada del sur del área metropolitana de la capital.
La economía argentina, la tercera en dimensiones de América Latina, había dado modestos signos de recuperación en 2017, pero se ha derrumbado en lo que va de 2018.
Una devaluación del peso, la moneda local, de alrededor de 80 por ciento frente al dólar, una fuerte recesión y una creciente tasa de inflación se combinan para afectar a prácticamente todos los sectores de la economía y castigar especialmente a los más pobres.
La Villa Itatí está en Quilmes, a media hora del centro de Buenos Aires. Son más de 50 hectáreas en las que viven más de 70.000 personas, entre perros que husmean en la basura que se acumula por todas partes.
En uno de sus angostos pasillos está el comedor de la Asociación Civil Luchemos por Ellos, que hace 11 años instalaron Meli Maidana y su esposo, Axel Fernández. “Hasta hace tres años les dábamos de comer a 30 chicos. Hoy vienen unas 300 personas de cero a 99 años. Fernández contó que cocina pasta, arroz o polenta que le provee todos los meses el Ministerio de Desarrollo Social, pero el deterioro de la actividad económica le hace cada vez más difícil conseguir donaciones de empresas.
“Una distribuidora de pollos a veces me llamaba para que fuera con un camión a buscar mercadería. Ahora me dicen que está todo muy difícil y con suerte nos dan dos cajones de pollos”. De acuerdo al último dato oficial, la actividad económica cayó en junio 6,7 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, ahogada por una tasa de interés de 45 por ciento, con la que el gobierno busca infructuosamente que los pesos argentinos no vayan a la compra de dólares. Pero ni siquiera eso detiene la inflación. Luego de una tasa de 25% en 2017, el gobierno de Mauricio Macri había fijado una meta del 15 para este año. Ese objetivo quedó desfasado rápidamente y las proyecciones de los analistas económicos rondan el 35% para 2018.
El combustible del incremento del costo de vida es la devaluación de la moneda local, en un país donde ricos y pobres están acostumbrados a seguir de cerca la cotización del dólar porque saben que cualquier movimiento se traslada rápidamente a los precios, pero no a los salarios.