Sebastián Hurtado

Dudosa ‘inversión’

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Martes 28 de agosto 2012
28 de August de 2012 00:03

Reportes de prensa recientes dan cuenta de los múltiples errores y problemas de planificación, ejecución, financiamiento y retrasos que enfrentan muchos de los más emblemáticos proyectos públicos de infraestructura que se ejecutan en el país.

Según el fiscalizador del gigantesco Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (CCS), este sufre un retraso de “por lo menos un año” en su ejecución. Algo parecido sucede con la Refinería del Pacífico y otros importantes proyectos de “inversión” pública. En el caso de CCS, los fiscalizadores estiman que cada año de retraso en producir electricidad, acarrea un costo de oportunidad de USD 360 millones.

Lo anterior solo muestra la “punta del iceberg” de la dramática realidad que rodea a los proyectos públicos de “inversión” en Ecuador, en los cuales, usualmente, lo que debería costar cien, termina costando doscientos y lo que debería completarse en un año, se completa en tres, si es que finalmente se completa.

Una porción significativa de los presupuestos estatales de “inversión” simplemente se pierden gracias una combinación de incompetencia y corrupción. Por estos motivos, por ejemplo, se pavimentan calles que luego se destruyen para colocar el alcantarillado que “olvidaron” instalar, los hospitales públicos adquieren equipos que nadie sabe operar y los aeropuertos carecen de vías de acceso o incluso de aerolíneas que los ocupen.

Si se incorporan los costos directos e indirectos derivados de esta problemática, muy probablemente la mayoría de proyectos de “inversión” pública tendrían un Valor Actual Neto (VAN) negativo y generarían una pérdida neta de riqueza nacional. Exactamente el resultado contrario al que se espera de cualquier proyecto de “inversión”.

Sin embargo, en lo que parecería casi un acto de fe, los ciudadanos dan la bienvenida a las “inversiones” públicas, independientemente de lo descabelladas que pudieran ser, mientras que muchos analistas consideran que los rubros de “inversión” en los presupuestos gubernamentales, implican un menor despilfarro de recursos que aquellos destinados a otros propósitos. Todos presumen ciegamente que cualquier “inversión” pública es conveniente.

El establecimiento de límites a los presupuestos gubernamentales y una participación activa de los ciudadanos en su supervisión, es fundamental para garantizar que las inversiones públicas tengan racionalidad económica y no solo utilidad política. Algo especialmente difícil en la actual realidad de presupuestos ilimitados, falta de transparencia y una absoluta incapacidad institucional o ciudadana para pedir cuentas sobre los proyectos estatales.

Hoy, quizá más que nunca, probablemente la mejor manera de garantizar el fracaso de los proyectos de inversión de “interés nacional”, sea ponerlos en manos del Gobierno y sus instituciones.