Óscar Collazos

Drogas y prohibición

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Domingo 12 de agosto 2012
12 de August de 2012 00:02

‘La reorientación de políticas de drogas hacia estrategias basadas en pruebas que respeten, protejan y cumplan con los derechos humanos tiene la potencialidad de reducir los estragos de las actuales políticas y permitiría redirigir vastos recursos financieros hacia donde son más necesitados: implementar y evaluar la prevención basada en pruebas, reglamentación y programas de tratamiento y reducción de daños”, se dice en la Declaración de Viena del 2010.

En el documento se señala el fracaso que ha tenido la aplicación de la ley antidroga en el mundo. Esta percepción la comparten hace años ex jefes de Estado de América Latina que conocieron en sus gobiernos el saldo monstruosamente negativo de este modelo de lucha: en miles de millones de dólares, en miles de vidas sacrificadas y en la desestabilización y corrupción de instituciones del Estado.

En este contexto se inscribe la propuesta de Gustavo Petro cuando habla de “la disminución del daño” en los adictos. El Alcalde ventila la posibilidad de suministrar medicamentos que rebajen el síndrome de abstinencia en los enfermos y, lo más polémico, la creación de “centros de consumo controlado” .

La propuesta, que es apenas un borrador, mereció un editorial de El Tiempo el martes, mucho más equilibrado que el destemplado comentario del procurador Ordóñez. Para este, el Alcalde se la habría “fumado verde” al proponer una atrevida solución de salud pública, distinta a la política antidrogas vigente. Más respetuoso que el Procurador fue el Fiscal General al afirmar que “no hay que tenerles miedo a las propuestas audaces”. Sin embargo, Montealegre interpuso una objeción: consideró que Petro “no está en capacidad legal para implementarla, por lo que debe ser presentada ante el Congreso de la República para su discusión y aprobación”. Ordóñez quiere desconocer lo que con sobrados argumentos sostienen los científicos en la Declaración de Viena. Al atacar la propuesta de Petro -insuficientemente argumentada, por otra parte- habla de “políticas públicas con efectos terapéuticos, preventivos, con efectos profilácticos”, aquello que buscaría una bien implementada política pública que saque a los adictos de las garras del microtráfico.

El Fiscal abrió respetuosamente las puertas que cerró Ordóñez con un mal chiste: esta discusión tiene que hacerse públicamente, “no podemos de antemano descartarla”. Petro no está inventando una salida irresponsable. La experiencia ha dado resultados alentadores en otros países.

Quizá sea demasiado optimista creer que al “brindarles a los adictos un tratamiento adecuado”, “las organizaciones de microtráfico perderán consumidores y se desmantelarán”.