El Tiempo, Colombia, GDA
La sociedad mexicana no sale de su estupor. Cuarenta y tres estudiantes de una normal del estado de Guerrero llevan más de 10 días desaparecidos después de una sucesión de acontecimientos que las autoridades no acaban de esclarecer. Se teme que algunos de los jóvenes hayan sido asesinados por sicarios de un cartel en fase de expansión, ‘los Guerreros unidos’. Y lo peor: estos habrían actuado en connivencia con la policía municipal de Iguala. Una pesadilla, sí, pero, sobre todo, un desafío para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Lo sucedido la noche del 26 de septiembre aún es un misterio. Unos 80 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron atacados por miembros del cartel y por policías de la localidad. En los primeros instantes murieron seis jóvenes, pero decenas fueron reportados como desaparecidos.
Versiones de prensa coinciden en que el Alcalde de Iguala, en este momento prófugo, y su esposa habrían dado orden de intervenir a la dirección de seguridad municipal para reprimir a los manifestantes por temor a que estos boicotearan un discurso de ella. Según testigos, muchos de los muchachos fueron vistos en patrullas de la Policía y en camionetas de los miembros del cartel.
Dos de los sicarios confesaron haber asesinado a 17 en el área donde fue hallada una fosa común con 28 cuerpos desmembrados y calcinados, pero las investigaciones para determinar sus identidades aún tardan. De los demás no se tienen noticias.
Ante el desespero y los reclamos de los familiares, el presidente Peña Nieto prometió justicia y castigar a los responsables de lo que podría ser una de las peores masacres del narcotráfico desde que el gobierno de Felipe Calderón lanzó su ofensiva contra este flagelo, en el 2006. Desde entonces han muerto 80 000 personas, y unas 22 000 están desaparecidas, en una sangrienta guerra con dramáticos episodios de violencia.
La lucha contra el narcotráfico no solo es dolorosa, sino de muy largo aliento. Cuando la acción de las autoridades logra desvertebrar a los grandes carteles, surgen pequeños grupos que heredan armas, estilos y estructuras del negocio. Es el caso de ‘los Guerreros unidos’, un grupúsculo escindido del gran cartel de los Beltrán Leyva, que, tras la muerte, en el 2009, de Arturo, ‘el jefe de jefes’ se dedicó a la extorsión y al secuestro en el norte de Guerrero y al tráfico de heroína y marihuana hacia Chicago.
Paradójicamente, los golpes contra el cartel de ‘los Rojos’, rivales de ‘los Guerreros’, terminaron marcando el fortalecimiento de este segundo, sus vínculos con las autoridades municipales y su infiltración de la Policía local, un explosivo coctel. El Estado mexicano deberá depurar los cuerpos policiales corruptos y concentrarse en la gendarmería, nuevo cuerpo dependiente de la policía federal, creado para controlar las zonas más golpeadas por los narcos.
Estos macabros hechos y el asedio que padece la institucionalidad de ese país deben ser tomados por la comunidad internacional como una nueva –y dolorosa– señal.