Se dice que en Ecuador lo único que gusta más que Correa es la dolarización. Pero este enorme aprecio no implica que haya que constitucionalizar al dólar’ ni a Correa (¡Dios no quiera!).
En los países de tradición constitucional europea-continental – como el nuestro – se suele caer en el error de querer elevar todo a norma constitucional. Siendo esto un error conceptual básico. Una Constitución es una delimitación fundamental de poderes, que se plasma en una doble vía: un decálogo de derechos y libertades de los ciudadanos, y una demarcación orgánica de competencias de carácter público.
Cuando se excede este cuadro conceptual y se incluyen normas que regulan el detalle de la vida nacional, se generan constituciones que por su amplitud y su detalle se vuelven una camisa de fuerza, que tarde o temprano la sociedad romperá.
Frente a este argumento acerca de la inconsistencia conceptual de constitucionalizar la dolarización, sus defensores esgrimen un poderoso argumento. Por el momento ella es el único refugio ante los abusos del Poder Ejecutivo; por ende, hay que salvaguardar la dolarización allí donde ningún tirano pueda alcanzarla.
De cara a esta razón, hay que considerar que la Constitución es una norma que informa e inspira todo el orden jurídico y político. Se entiende que en ella está el contenido por el que se debe luchar y al que deben proteger los poderes públicos y los ciudadanos.
Pero el proceso de dolarización no es un fin en sí mismo, es un mero mecanismo para alcanzar estabilidad en los precios. Cosa que puede ser alcanzada a través de otras vías. Por lo que es ilógico forzar a todo el colectivo a luchar por el mecanismo y no por el objetivo.
Ahora bien, la forma idónea de tener estabilidad se enuncia con facilidad, aunque en la realidad requiere un alto nivel de desarrollo: la gestión responsable de la política monetaria por parte de instituciones con un alto nivel de credibilidad. Aquí los defensores de la constitucionalización del dólar esgrimen un argumento del tipo: “pero en Ecuador no hay instituciones con alta credibilidad; y los de nuestros políticos no han sido jamás capaces de manejar una emisión monetaria responsable.”
Esto equivale a decir: “nosotros somos demasiado subdesarrollados como para tener la opción ideal, y por tanto vamos a enaltecer y consagrar perpetuamente la medida secundaria como norma suprema.”
Pues bien, me niego a creer que algún día los ecuatorianos no nos desarrollemos al punto de volver a tener la capacidad institucional de manejar nuestra propia moneda. Peor aún, me niego a santificar una medida excepcional como un principio básico de nuestra sociedad. Inmortalizar esa parte trasciende de lo mediocre, a lo degradante.