En el proyecto de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su último y definitivo debate hay disposiciones que debo aplaudir pues coinciden con opiniones que constan en artículos que han sido publicados en esta misma columna.
“El ingreso a las universidades públicas estará regulado a través del sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los aspirantes”. Un examen para acceder a tales universidades contempla el mencionado sistema. Como consecuencia ingresarán los mejores, los aptos para realizar estudios superiores. La gratuidad en las universidades estatales va dirigida a ellos. De entre los mejores, a aquellos que han realizado sus estudios de manera regular, satisfactoria. Si a tales aciertos se agrega que el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo ha incrementado notablemente el número de becas para los buenos estudiantes que requieren de apoyo económico, se habrá dado un gran paso para elevar el nivel de la docencia universitaria, tan contrariada cuando a un porcentaje significativo de estudiantes sus facultades no les da para estudios de complejidades crecientes. Hay algo más: se habrá reducido al mínimo esa sangría cuantiosa de recursos que significa en la actualidad la abrumadora deserción estudiantil.
En cuanto a los docentes hay disposiciones en la LOES presentada por el Ejecutivo con las cuales no podemos estar de acuerdo y deben ser el resultado de lo que el Presidente Correa y sus asesores vieron en universidades importantes de Europa y EE.UU., cuya ejemplaridad es el resultado de procesos mantenidos por generaciones. Para que nuestras universidades cuenten con profesores titulares todos PhD y a tiempo completo pasarán décadas y no siete años, como se señala. A un PhD a tiempo completo ni cabe tenerlo solamente dictando clases: investigación, docencia y ejercicio profesional es lo que le corresponde cumplir en aquellas universidades ejemplares. Ello supone salarios muy superiores a los actuales, estabilidad consagrada, laboratorios para cada una de las especialidades, despachos para cada uno de los profesores, libertad absoluta para disponer del tiempo que requiera una conferencia en el país o en el exterior, o la presentación de trabajos de investigación en congresos nacionales o internacionales, a más de contar con un fondo universitario que les permita cubrir los gastos de viaje, total o parcialmente, según los casos.
Toda esa enormidad no se logra en siete años, a más de la barbaridad que supone que luego de ese lapso a buenos profesores que por mil motivos no obtuvieron el PhD se les eche de la universidad. Tal requisito podría aplicarse en los nuevos nombramientos, temiéndome que un buen número de universidades no estarían aún en condiciones de ofrecerles otra cosa que no sean aulas, pasillos y cafeterías.