Se pudo sumar. Hacía falta. Pero no. Una vez más se pone al país en el límite de la crispación por un tema que debió convocar, multiplicar, proyectar con visión de futuro.
La Ley de Educación Superior recibió un brusco bautizo de agua helada ni bien salió de la sacristía de la Asamblea y luego de otro desgastante debate nacional. Todo hacía indicar que el acuerdo que fue un producto de una labrada búsqueda de consenso y que venció la terquedad de los fundamentalismos impenetrables del oficialismo recalcitrante, había sido permeado por la razón y la búsqueda d e la luz.
Pos eso sorprendió a todo el mundo que antes de siquiera tomarse el trabajo, el tiempo y la paciencia de leer el articulado de tan compleja como delicada Ley el Presidente le haya puesto el estigma del veto. Habló antes de leer. Vetó antes de analizar. Todo estaba escrito.
La universidad ecuatoriana es un crisol de virtudes y también tiene sus defectos. Es natural, responder a la diversidad y complejidad del país. A nadie se le escapa que podía ser una oportunidad magnífica para buscar una educación superior de calidad, amplia, plural, cosmopolita y universal como la misma etimología de su nombre sugiere.
Nadie desconoce que el Estado, que representa a todos los ciudadanos, más allá de ideologías y afiliaciones políticas, está obligado a ampliar la base de educandos, a mejorar el acceso a las grandes capas de los niveles socioeconómicos más urgidos de una educación de calidad. Para eso pagamos los impuestos y para eso creemos útil a la universidad estatal.
Pero el complemento que puede aportar la universidad privada inspirada en el altruismo y la visión abierta de sus promotores y sus ideas puestas en práctica puede ocuparse de un nicho de la población que está en capacidad de pagar sus estudios particulares y liberar aquellos otros dineros públicos para mejorar las inversiones en ciencia, tecnología y calidad académica de los centros educativos superiores financiados por el fisco. Era, a mi modo de ver un aporte importante. Pero el proyecto que emanó de la visión estatista de control y predominio centralizado quiso entrar en todos los resquicios de la educación superior.
Sobre los concebidos Consejos de Educación Superior y de Evaluación se instalará una Secretaría que podría correr el destino de todas las dependencias cortadas con la tijera oficialista.
La libertad de cátedra estará supervigilada por el ojo critico de la causa estatal y estatista.
Las elecciones de las autoridades podrán tener un tinte político, aquel que tanto daño ha hecho a la educación superior pública y cuyos vicios se pueden inocular a la educación privada.
Una vez más el afán hiper-controlador de una concepción que pone al Estado por encima de la libertad del hombre camina a sus anchas en el espíritu del veto presidencial.