En situaciones de incertidumbre, con el propósito de eludir responsabilidades frente al conflicto social, muchas veces se acude al uso del temor para eliminar el espíritu crítico del colectivo social, modificar sus percepciones e infundir juicios de valor acordes a los intereses de quienes ejercen el poder en un virtual sometimiento político, al que se acompaña de drásticas medidas de control.
Para lograr los efectos en la psicología social, la maniobra política consiste en la manipulación subliminal recurriendo a la memoria social sobre hechos dolorosos de repudio social, como han sido en el pasado y aún en el presente los golpes de Estado.
Un ejemplo reciente es Burkina Faso, por la toma violenta del poder político, mediante el uso ilegal de la fuerza para deponer a la autoridad constituida, en forma repentina, violando y suspendiendo la norma constitucional y con directa participación de toda o parte de las Fuerzas Armadas conjuradas con autoridades gubernamentales, donde su presidente Blaise Campaoré, que llego al poder con un golpe de Estado y luego de 27 años de gobierno nuevamente trataba de modificar la Constitución para eternizarse en el poder. Fue destituido por el Ejército y disuelto el Parlamento mediante un nuevo “golpe de Estado”.
Pero estos acontecimientos de repulsión social están sirviendo ahora para la maniobra política subliminal de infundir miedo y seducir afectivamente a la población ante la cual se victimizan. En Honduras el presidente Manuel Zelaya, luego de violar la Constitución y las leyes electorales, de ser acusado por la Fiscalía, fue destituido por el Congreso, hecho que se denomino un “golpe constitucional”.
Cuando el modelo económico del socialismo chavista del siglo XXI colapsa, en época de las mayores oportunidades económicas de la historia de Venezuela, debido fundamentalmente a al elevado precio del petróleo, se acusa de un “golpe económico”, sabotaje y complot con apoyo del exterior.
Cuando el fiscal de la Nación en Argentina, Nisman, se dispone a presentar una acusación a la Presidenta de la República, en una situación dudosa aparece muerto en un aparente suicidio, o suicidio inducido. Es inmediatamente interpretado este hecho por las autoridades gubernamentales como un “golpe judicial”, para la desestabilización política, dejando sin piso el presunto encubrimiento tramado con Irán para sortear la investigación por el atentado terrorista de la AMIA de 1994.
En la rebelión de la Policía Nacional del Ecuador, no se recurrió al origen del conflicto institucional ni a la responsabilidad de los ministerios y la Asamblea Nacional. Más fácil resultó acudir a la doctrina de Gene Sharp, para acusar de un “golpe blando”, menospreciando la lealtad y efectivo pronunciamiento militar ante el vacío político producido.
Enmascarar la realidad, permite ganar tiempo, pero no disuade a la población en sus demandas.
Columnista invitado