La dispersión judicial
Mientras en Guayaquil se ha remodelado el edificio tradicional de la Corte Provincial de Justicia, en Quito, capital de la República, desde hace un año y tres meses están todas las judicaturas repartidas en 14 edificios, a los cuales tienen que acudir los usuarios y los abogados, mapa en mano, para encontrar las oficinas de materias civiles, penales, de tránsito, de la familia, niñez y adolescencia, del trabajo y de inquilinato, y aparte a las salas de la Corte Provincial. Allí se trasladaron millares de procesos acumulados en años y se suman los que diariamente ingresan.
A esta criticada e incomprendida profesión del Derecho se la ha desarticulado en una ciudad que acusa deficiencia agravada, en su movilidad humana, por el angustioso transporte público. Litigantes y abogados hacen peregrinaje masivo diario para iniciar o continuar el tedioso trámite. He ahí una prueba más del fracaso de la reforma judicial.
¿Cuándo y por qué se ha producido esta dispersión? Su origen está en la necesidad de dar comodidades al número creciente de asambleístas, asesores y secretarios de cada uno de ellos, que en febrero del año 2013 llegaron a 132. Desde los años 1959-60 del siglo XX el magnífico edificio de la Función Legislativa fue inaugurado al finalizar el gobierno de Camilo Ponce Enríquez, obra necesaria para instalar la XI Conferencia Interamericana de la Organización de Estados Americanos, que no se realizó porque se debatiría el problema limítrofe entre Ecuador y Perú. Allí ha funcionado la democracia parlamentaria pluripartidista durante 53 años, que incluye la posesión y juramento de los presidentes de la República.
Para cubrir esa urgente necesidad había un edificio al frente, cruzando la 6 de Diciembre. Fue inaugurado en 1963-64 para instalar las salas de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Superior, y docenas de juzgados civiles, penales, en dos plantas, y la sala de audiencias públicas. A pesar de la oposición del Colegio de Abogados y de 700 profesionales, fue adquirido por la Asamblea y comenzó la demolición hace 15 meses. Hoy está suspendida, pero nadie respetó la identidad histórica de conservar el edificio de las calles: 6 de Diciembre, Piedrahíta y Clemente Ponce, donde funcionó la Corte Suprema de Justicia, ahora suprimida de ser Suprema porque sus fallos pueden llegar a revisión de la Corte Constitucional.
Cabe la última pregunta: ¿dónde estuvo antes esa Corte Suprema y sus Juzgados de Justicia? En la calle Chile frente al conocido edificio Pérez Pallares, en la parte posterior de lo que fue la Alcaldía de Quito cuyo edificio debió conservarse. En el tercer piso estaban los magistrados que administraron justicia a lo largo de toda la vida republicana. Los otros pisos ocupaban juzgados y notarías. La fachada original se conserva, pero no hay una placa imprescindible.