Dios y la Pacha Mama

Tema recurrente en nuestro país es el uso del Estado para promover una religión. En esta ocasión el escenario de esta discusión es la ciudad de Guayaquil, protagonizado por la Gobernación del Guayas. Se ha reinstalado el debate sobre el alcance que tiene la declaración estatal de laicidad, contenida en el artículo 1 de la Constitución del 2008.

Los defensores de la laicidad como neutralidad estatal frente a doctrinas religiosas y filosóficas, entre los que me incluyo, esperan que se garantice -en el marco de una sociedad plural- la diversidad de formas de pensar, creer, valorar, lo que implica asegurar que cada persona organice su vida de acuerdo con sus creencias y convicciones sin que el Estado se entrometa en ellas al promocionar, imponer o prohibir una religión o una posición filosófica en particular. Esto conlleva la secularización estatal, es decir la eliminación de todos los contenidos religiosos en todas las instituciones, actuaciones y decisiones en el ámbito público, esto es una obligación que se soslaya con frecuencia. Defender la laicidad no es atacar a las religiones, es defender tres libertades relacionadas: pensamiento, conciencia y religión.
La libertad de religión implica asegurar que cada persona profese – o no- una religión y a no ser víctimas de discriminación por ello o ser víctimas de odio, asegurando a los creyentes la posibilidad de practicar los ritos o celebraciones que se asocian a su religión, sea de manera individual o colectiva (que implica el ejercicio de la libertad de asociación y reunión).

El usar los recursos estatales o la posición pública para divulgar, apoyar o atacar una religión, un aspecto que incumbe a cada persona y no al Estado, es una afectación a estos derechos en una sociedad plural y diversa, porque es una interferencia a la libre formación de la conciencia promover de forma oficial una religión o una creencia determinada; para juzgar esta acción como indebida no importa cuan popular, extendida o aceptada sea la religión que se promueve desde al ámbito público. No se puede justificar el abandono de la imparcialidad estatal que conlleva el laicismo por la cantidad de adherentes a la religión o creencia promovida.

Lo hecho por el Gobernador de Guayas, invitando por una cuenta institucional “…a los guayasenses a una misa que tiene el propósito de consagrar a la provincia y al #Ecuador entero al sagrado corazón (sic) y a la virgen del buen suceso (sic).”, es probablemente una las vulneraciones más burdas al laicismo constitucionalmente regulado, este funcionario público replica una acción de hace 146 años -cuando había una religión de Estado-. Lo que más llama la atención es que muchas personas consideren una exageración señalar lo incorrecto de esta acción, restándole toda importancia. Estoy seguro de que no pensarían lo mismo si un funcionario, desde su cargo, promoviera una ceremonia pública para celebrar el ateísmo o entronizar a la Pacha Mama como la deidad principal del país.