Se me ocurre que si la vicepresidenta María Alejandra Vicuña hubiese sido acusada por presunta apropiación indebida de millones de dólares y no de miles de dólares, solo habría atraído igual o menor atención que aquellas ex ministras del correísmo que deben responder por millonarias glosas pero siguen tan campantes.
El problema es que, en el caso que investiga la Fiscalía y que ha originado un pedido de juicio político, el esquilmado no sería el Estado -es decir, la suma de millones de aportantes anónimos, al fin y al cabo- sino una persona con nombres y apellidos que ha declarado ser cómplice de un acto indebido, al entregar una parte de sus ingresos mensuales. Desde ese punto de vista, USD 20 000 son mucho más vistosos que USD 20, 40 o 60 millones.
Tenemos mala memoria de largo plazo pero también de corto plazo. Con la denuncia se desvaneció la preocupación por la falta de empleo y por la situación económica del país. Este posible despojo de una parte del salario de un asesor con grandes aspiraciones -humano, al fin- también nos ha hecho olvidar el ambiente de protestas no resueltas después de un diálogo nacional sin seguimiento.
¿Pero -si llegara a darse- esta cirugía menor, esta atención de hospital del día, también nos está haciendo olvidar la necesidad de ahondar en otros casos, al menos en los que hay denuncias, de una práctica corrupta generalizada para cobrar por los nombramientos?
Frente al volumen de todo lo que el sistema judicial todavía tiene que investigar -es tan poco lo que se ha avanzado- por el grave perjuicio causado con la contratación de megaobras sin estudios, mal hechas y sobrepreciadas, esto de los diezmos parece un mal menor. Pero solo es otra manifestación de la corrupción desde el poder.
Casi nadie se detiene a pensar que el daño de la corrupción dista de ser solo económico. Cuando quien hace y deshace con los dineros del Estado sale impune, la decepción en la institucionalidad aumenta y, sobre todo, se le da a la sociedad una muestra de que la corrupción paga. El trabajo honesto se deprecia tal como sucede, por ejemplo, frente al dinero fácil de otras actividades delictivas.
Lo peor es que la mala memoria y la impunidad permiten que los discursos políticos y sus dueños se rearmen. La teoría -y oígaseme bien, como se dice ahora en Bruselas y Quito- es que no se trata de un problema judicial sino político que se debe resolver políticamente. Nada mejor que un sistema judicial trabado desde adentro y un gobierno con poca capacidad de acción económica y política.
Los filibusteros siguen prefiriendo las islas paradisíacas para esconder sus tesoros mientras huyen o guardan prisión; a veces esos tesoros también van a parar al fondo del mar después de un naufragio; ahí hay que buscar, insisten los expertos. Hasta que eso no suceda, lo de los diezmos es cosa de niños…