La jueza Daniella Camacho llamó a juicio al expresidente Rafael Correa; al ex director de Inteligencia Pablo Romero, y a los ex agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón, como presuntos autores de delito del secuestro a Fernando Balda.
Solo suponer la participación de un primer mandatario, el uso de recursos públicos y la intervención de una entidad estatal para cometer un delito causan alarma social porque se trata de un hecho repudiable de extrema gravedad y una señal de la peligrosa degradación de la política.
Los delitos de esta índole suelen quedar en la impunidad. Los hilos del poder se mueven para evitar que se conozca la verdad, se establezcan responsabilidades y los autores reciban el castigo que contempla la ley penal. Por ello cobra valor especial el auto de llamamiento a juicio a los indiciados y la confirmación de su prisión preventiva. Si Correa no regresa al país, no podrá ser juzgado en ausencia y, en siete años, prescribirá la acción penal. La denuncia de persecución política pierde piso, cuando la justicia empieza a recuperar independencia después de la corrupción desbocada y el manejo de jueces y tribunales en la década de su gobierno.
¿Por qué Balda como opositor político estuvo en la mira del ex mandatario? ¿Qué motivaciones desconocidas llevaron a disponer que Inteligencia utilizara recursos y agentes a fin de operar en Bogotá para el secuestro? El proceso judicial debería proporcionar algunas respuestas, más aún si se cumple la extradición de Romero.
No obstante, por lo menos tres observaciones cabe inferir de este vergonzoso caso:
Primera, las perversas consecuencias del discurso autoritario que convierte a los opositores en enemigos. En una democracia, son posibles el diálogo y los acuerdos entre el gobierno y los opositores; pero si el primero transforma a los segundos en enemigos, las consecuencias son la persecución, el exilio, la lesión de los derechos básicos…
Segunda: la concentración del poder en el gobernante, la subordinación y falta de independencia de las otras funciones del Estado conducen a predecibles excesos y abusos. Con todas las imperfecciones, el sistema de pesos y contrapesos y los mecanismos de control de las democracias, el respeto a la libertad de expresión, la crítica y los desacuerdos en los medios de comunicación son condiciones esenciales para preservar los derechos de los ciudadanos y la democracia.
Tercera: el caso Balda evidencia el manejo ilegal y persecutorio de la Senain por parte del anterior Gobierno. En buena hora, el presidente Moreno anunció la eliminación de esta. Pero queda por investigar el manejo de los fondos reservados, la compra de equipos, las otras persecuciones y tareas non sanctas de esa entidad y las responsabilidades de quienes la dirigieron.