2 de February de 2011 00:00

Con los días contados

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Recuerde, lector, que los magistrados de la Corte Constitucional en transición tienen los días contados. Su sobrevivencia en la función pública o su expulsión depende de la decisión del presidente Correa.

Lo explico: el art. 25 del Régimen de Transición señala que una vez constituidas las nuevas funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, se organizará la comisión calificadora que designará a las magistradas y magistrados que integrarán la primera Corte Constitucional. Cada función propondrá al menos nueve candidatos.

Por el art. 434 de la Constitución, los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora integrada por 2 personas nombradas por cada una de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La misma trinidad -3 membretes del poder público y un solo gobernante, Correa- tiene la competencia privativa de proponer candidatos y nombrar la comisión calificadora con nombres, propuestos por los mismos que les encargan la calificación.

La trinidad también se la juega por el SI del referéndum y de la consulta, porque ahí se propone que esa trinidad designe, por medio de delegados, a los magistrados y jueces, desde los que irían a la Corte Nacional de Justicia, a todas las Cortes y juzgados, hasta cargos inferiores de la función Judicial. Una verdadera cantera de cargos.

La negativa de la calificación dejaría a la trinidad con la bata alzada.

Si la dignidad de los magistrados de la Corte Constitucional en transición los lleva a no someterse al gobernante proponente de la consulta, no habrá posibilidad alguna de su reelección.

Tremendo desafío a los citados magistrados: que no haya el tufo del cambalache, la calificación de las preguntas del referéndum y la consulta como precio de ser incluidos en las listas de la trinidad para la reelección o para otras funciones o cargos del Estado.

El ejercicio totalitario del poder se nutre del sometimiento de los que negocian su voz y pierden su moral por cargos y favores, aun cuando tarde o temprano generen desprecio de quien lo utiliza.

A los ofendidos por Correa, por haberse separado de País, él les ha sacado en cara que nada dijeron de los abusos del poder antes de las elecciones del 2009, porque querían seguir amamantados del poder.

Ante las evidencias de las falsedades introducidas en la Constitución del 2008 -textos de artículos que nunca se discutieron ni se aprobaron en debates ni en reconsideraciones, omitiendo párrafos o incluyendo frases- que a dos años de su vigencia se ha demostrado que fueron para ilícitos, los hicieron perjurar, a pesar de las evidencias que en privado las reconocían, pero así actuaban por defender ‘el proyecto’, degenerado en la imposición personal del presidente Correa.

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