La tensión política y la crisis de gobernabilidad comienza a agudizarse en el país. Ya no solo se debe a la pugna de poderes que se ha instaurado entre el Ejecutivo y el Legislativo sino que ahora se suman varios actores sociales que han salido a las calles para manifestar su insatisfacción por la reciente alza de los combustibles.
El día de ayer dieron dio inicio a la protesta en distintas regiones del país. Si en un principio esta paralización fue convocada por la dirigencia de la Conaie, en el transcurso de las últimas horas se han ido sumando otros actores y organizaciones: Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Fenocin, Feine, la Unión Nacional de Educadores (UNE), Federación Nacional de Asegurados al Seguro Social Campesino (Feunassc), agricultores y pobladores de zonas rurales.
Y es que esta alza de los combustibles, que ha tomado la forma de los tradicionales “paquetazos”, ha afectado mayormente a la población campesina.
Mucho se ha hablado en los últimos días de la necesidad de instaurar el diálogo para zanjar diferencias y evitar este tipo de paralizaciones. El Gobierno convocó semanas atrás a mesas temáticas de diálogo pero no ha tenido el éxito deseado. Podría decirse que únicamente funcionó con los transportistas.
A su vez, no ha habido posibilidad de entendimiento con la dirigencia indígena, de los trabajadores, organizaciones campesinas, entre otras.
De igual manera ha habido un intento desde la sociedad civil de contribuir al diálogo para superar el bloqueo político. Me
refiero a lo que se ha llamado como “Consensos de Cusín”.
El problema es que un diálogo sincero y realmente efectivo no puede hacerse cuando se considera que éste debe ser “sin ideologías” o en base de agendas preestablecidas por una de las partes. Los términos del diálogo deben definirse en consenso.
El Gobierno tiene como prioridad mejorar la situación fiscal a través de la eliminación de los subsidios y la fijación de más impuestos. Las organizaciones sociales exigen el congelamiento de los precios de los combustibles, moratoria de los créditos, mejoramiento de las condiciones laborales, entre otros. En ese escenario, cada una de las partes mantiene su posición. Nadie cede.
El Gobierno cometió el error de incrementar los precios de los combustibles y ahí congelarlos, sin someter esa decisión a un proceso de diálogo y negociación. De ahí que la reacción haya sido de rechazo, con las consecuentes paralizaciones y bloqueos.
El problema más serio para el presidente Lasso es que, al cometer este error, ha precipitado que una parte de la población salga a las calles. Con ello, si no recula y regresa a los precios de antes, con seguridad perderá popularidad y todo lo logrado luego del exitoso proceso de vacunación.
El Gobierno ha quemado inútilmente una parte de su capital político, siendo ahora mucho más difícil que los proyectos de ley que tiene en carpeta puedan aprobarse en la Asamblea Nacional. De igual modo, pierde fuerza la idea de una “muerte cruzada”.