El drama de Venezuela tiene hoy la primera prioridad en la agenda de la política internacional. Los abusos y arbitrariedades de Maduro y el consiguiente sufrimiento del pueblo venezolano finalmente rompieron la indiferencia de la comunidad mundial.
La oposición venezolana encontró un líder que, en uso de las facultades constitucionales que le corresponden como Presidente del Parlamento, asumió la delicada y difícil tarea de trabajar para restablecer la democracia en su país. La comunidad internacional le respaldó pero, reeditando los años de la guerra fría, algunos países socialistas anunciaron su apoyo al dictador Maduro.
Dos argumentos han sido esgrimidos para explicar las posiciones: la no intervención en los asuntos internos de un estado y la obligación de velar individual y colectivamente por la vigencia de los derechos y libertades. Quienes defienden al dictador venezolano usan como pretexto el primero pero olvidan que no lo aplicaron en Crimea o en la Nicaragua de Somoza. Simplemente apoyan al socialismo impuesto en Caracas porque temen que la libre expresión de la voluntad del pueblo venezolano, obligado a emigrar para evitar los horrores de la violencia, la enfermedad y el hambre, pueda significar el fin de la fracasada ideología del socialismo del siglo XXI en el continente americano. Por esta razón, Maduro ha recibido el significativo apoyo de Rusia, especialmente, ya que Putin conoce el impacto que tendrá en todo el Caribe, la democratización de Venezuela.
El principio de la no intervención en los asuntos internos de un estado sigue vigente y está consagrado tanto en la Carta de la ONU como en la de la OEA. Pero existe otro principio que es producto de la evolución positiva del derecho internacional, conocido con el nombre de “responsabilidad de proteger”. Al tomar mayor vigor y vigencia la doctrina de los derechos humanos, se ha fortalecido el convencimiento de que hay que contribuir para que el respeto de tales derechos se convierta en norma de conducta general. Por eso, a cada estado le corresponde la responsabilidad de organizar la sociedad en forma tal que sus ciudadanos estén debidamente protegidos en el ejercicio de sus derechos, pero cuando algún estado no puede o no quiere cumplir con esa obligación, surge la responsabilidad de la comunidad internacional que debe actuar para asegurar el ejercicio de tales derechos de la población.
Hoy sábado, en las fronteras de Venezuela, la comunidad internacional, deseosa de prestar la ayuda humanitaria que necesita el pueblo venezolano, cooperando con quien ejerce las facultades presidenciales en ese país, se apresta a cumplir su deber de protección, tal como lo prevé el derecho internacional. Ojalá la reacción del dictador Maduro no manche con sangre las fronteras de su país.