Los viejos no representan votos porque es facultativo para ellos y por tanto políticamente no interesan. El adulto mayor llega a su celebración esta semana (entre 17 y 18 de julio) con una sociedad en general dura e indolente con ellos. Poco importa lo que les pasa. Más aún cuando la expectativa de vida ha crecido y se ubica alrededor de los 75 años de edad. Por ello muchos tienen temor a envejecer y les gustaría seguir activos y vinculados a un puesto de trabajo pero el camino es inexorable hacia la desocupación, vejez y muerte.
Por normas no hace falta; el problema es su aplicación. Existe la Ley del Anciano y está en trámite en la Asamblea el proyecto de Ley de protección y atención prioritaria de las personas adultas mayores. La Constitución vigente, arts. 36 y 37, consagra que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica y la protección contra la violencia. El Estado debe garantizar la atención gratuita y especializada de salud y el acceso a medicinas, la jubilación universal, las rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, entre otras, y dispone que se establecerán políticas públicas y programas de atención, que tendrán en cuenta las diferencias entre áreas urbanas y rurales y las inequidades.
Los que aportaron a la seguridad social reciben una pensión que aunque debe reconocerse que ha mejorado los últimos tiempos no deja de ser exigua frente al retiro que cobran en otros países o los militares y policías. Eso es parte de la diferencia en el manejo de las políticas y la entrega de mayores aportes, pero también el destino que hace el Estado. Qué decir de las cesantías que se pulverizaron por la dolarización.
Algo se ha hecho, aunque insuficiente todavía, con la población vinculada al seguro social. Aproximadamente 300 000 jubilados y pensionistas se benefician del IESS. Sin embargo, según datos del INEC, existe alrededor de un millón 300 000 personas mayores de los 60 años.
El Estado y una sociedad no pueden permanecer inermes frente a la difícil situación del adulto mayor. Deben preocuparse del proceso excluyente en medio de la promoción de un modelo incluyente, lleno de garantías que no se cumplen a cabalidad. Quizás lo más grave resulta el mal trato en los diferentes servicios públicos, desde el transporte terrestre y eso pasa por la falta de conciencia de los actores y por no reflexionar que algún día podrán estar en la misma situación. Muchos hablan del endeudamiento externo e interno, que es verdad, pero poco se repara en la deuda permanente que tiene la sociedad con el adulto mayor. Deuda que se vuelve impagable por la acumulación de problemas y la indiferencia que se advierte.