El Presidente Correa, mediante Decreto Ejecutivo, ha modificado la forma de cálculo de la deuda pública para establecer la relación sobre el Producto Interno Bruto (PIB), que por la normativa vigente no debería sobrepasar del 40% del PIB, habiendo llegado en octubre del 2016 al 38,4% con la forma de cálculo que se seguía.
Con la nueva forma se reduce el porcentaje al 26,7% del PIB.
Antes estaban excluidos segmentos muy importantes de deuda pública real, como la de corto plazo, los certificados de tesorería, lo que se le debe a proveedores y contratistas, los anticipos de las pre-ventas de petróleo, que constituyen una forma de crédito caucionado con petróleo por entregar, que si causa intereses, y de no entregarse el petróleo debe pagarse en dinero, con lo cual está comprometido buena parte del petróleo a producirse en el próximo gobierno. De haberse incluido los valores indicados en este párrafo en el cálculo anterior, el total habría excedido del 38,4% que se registraba y también del tope del 40% sobre el PIB.
Con la nueva forma, en la cifra del endeudamiento público se cruzan saldos entre las entidades y personas jurídicas del sector público y sólo se registra como endeudamiento lo que está por encima del cruce indicado.
Por eso, la interrogante ¿deuda del gobierno central? o ¿deuda del Estado?
Lo preocupante es que con el régimen político vigente en el Ecuador y la obsecuencia de quienes están en las entidades descentralizadas o autónomas todo termina respondiendo a la voluntad del gobierno central.
El Banco Central debería tener como prioridad asegurar los recursos para el sector externo de la economía y para la solvencia interna por el sistema de la dolarización, con el uso del dólar para las transacciones interna, sin tener capacidad jurídica de emitir moneda nacional, de lo que siempre se lamenta el gobierno central, lamento de que no participa la ciudadanía que tiene clarísimo el riesgo de un dispare de devaluaciones, de haber posibilidad de emitir moneda. En los hechos, en los meses que vivimos se prioriza financiar al gobierno nacional.
Los recursos del IESS son de sus afiliados, pero la autonomía de la entidad está sólo en el papel, porque sus autoridades están prestos a los requerimientos del gobierno central en financiarse con base en sus fondos, inclusive a tasas mínimas, esto es sin haber un rendimiento adecuado de las inversiones de los dineros de los afiliados.
Con la nueva metodología, al cruzarse los saldos, en los valores consolidados no aparecerán las deudas del gobierno central con el Banco Central ni con el IESS, aun cuando existan esas deudas.
Algunos llaman “maquillaje” a lo que se ha hecho, yo prefiero expresar que se oculta la verdad del endeudamiento.
lroldos@elcomercio.org