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El nivel de corrupción e impudicia del gobierno anterior, parece no tener límites. En quince días han aparecido confirmaciones de hechos en los que el atraco a los fondos públicos y la burla constante a los controles estatales estaban al orden del día, aupados por una gavilla de inescrupulosos instalados en las más altas esferas del poder.
No existe en la historia nacional antecedentes de un proceder sistemático y organizado para apropiarse de los recursos estatales, envilecidos aún más para con los recursos provenientes de las coimas instalar empresas, aparentemente lícitas, que les proporcionarían gran rentabilidad y parte de la cual venía precisamente a través de sendos contratos con el propio Estado.
El informe de un organismo que forma parte del sistema de Naciones Unidas, en el que se corrobora que en contratos emblemáticos de la época de saqueo habrían habido sobreprecios que alcanzarían los 2500 millones de dólares, el allanamiento de una acería supuestamente china en las cercanías de un importante cantón de la costa, que se mantuvo oculta para todas las autoridades que ni se enteraron de las millonarias inversiones realizadas; y, por último, la revelación que los dineros de la corrupción de Oderbrecht serán devueltos por parte del principal de una empresa, que aparentemente ha utilizado esos recursos para capitalizar su compañía, la que tiene una importante presencia en el mercado, como si con ello se desvanecerían todas las infracciones incurridas a lo largo del tiempo. Son elementos que ponen en evidencia el grado de descomposición moral y ética que prevaleció en tiempos de la mal llamada revolución ciudadana.
Como sus socios ideológicos de otros países de la Región llegaron con la intención de ir por todo, hacer caja a través del erario público y desde allí, con el dominio y control del Estado y los bolsillos llenos de recursos obtenidos en forma dolosa, intentar perpetuarse en el poder.
En su tiempo se sirvieron de los órganos públicos y de funcionarios serviles a sus intereses que también medraban de un sistema deteriorado para, con una soberbia propia de seres minúsculos, irse en contra de todos quienes se oponían a sus intentos de perennizarse en ese control hegemónico y absoluto.
Es lo peor que le ha sucedido a la nación en toda su historia.
Nadie puede negar que han existido escándalos de corrupción en otras administraciones, que los controles estatales adolecían de filtraciones que han favorecido a cortesanos profesionales que han lucrado por su cercanía al poder de turno.
Pero esta vez la vileza tenía otros fines: desplazar a cualquier otra fuerza política que hubiese tenido presencia en los organismos del Estado y gobernar a sus anchas sin limitación alguna por décadas.
Como ya se lo denominó en otras geografías cercanas, consagrar la dictadura perfecta.
El Ecuador no puede desatenderse de lo sucedido y la sociedad entera debe realizar el seguimiento adecuado hasta que, dentro de los procesos pertinentes, la justicia realice su tarea y sancione a los responsables.