Julio Echeverría

Desprestigio electoral

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Domingo 05 de agosto 2012
5 de August de 2012 00:03

La situación generada en torno a las anomalías detectadas en la inscripción de organizaciones políticas que deberán competir en el próximo evento electoral es de tal magnitud que no será suficiente la tardía acuciosidad técnica del Consejo Nacional Electoral para tapar los huecos de ineficiencia, y en muchos casos corrupción, con la cual se ha conducido el proceso. El problema es tan grave que despierta sospechas sobre oscuras intenciones por condicionar la conformación del mapa electoral, y a través de ello la canalización de la participación política de los ciudadanos.

El sistema electoral es crucial en toda democracia moderna porque absuelve dos imperativos básicos: canaliza la participación política de los ciudadanos (por tanto es un sistema que garantiza los derechos de participación política) y posibilita medir los grados de legitimidad o aceptación que tienen los distintos actores políticos y sus programas. El sistema electoral permite traducir las preferencias políticas en escaños legislativos o en puestos decisionales, es un eje institucional que define la legitimidad de origen del proceso decisional.

Los problemas de ineficiencia y posible corrupción detectados en el Consejo Nacional Electoral, CNE obedecen no a limitaciones del sistema informático, sino a deficiencias del diseño institucional del sistema político que la Constitución de Montecristi lejos de resolverlas las profundizó. En ese diseño los partidos fueron pensados como eslabones necesarios para el manejo estatal y no como instituciones que garanticen la participación política de los ciudadanos.

Desde entonces el objetivo de esta orientación institucional fue impedir que la ampliación y diversidad de la participación ciudadana se traduzca en dispersión y fragmentación del sistema de partidos. A ello se debe el afán por registrar hasta el detalle en listas de adscripción a los ciudadanos, el establecer techos altos de registro de muy difícil consecución y de muy compleja verificación, lo cual llega incluso a atentar con el principio de privacidad; el sistema no tiene por qué conocer las afinidades políticas de los ciudadanos, algo que atentaría incluso con el principio del voto secreto.

Al funcionar de esta manera el sistema cierra las puertas de ingreso a la participación política o pone serios problemas de funcionamiento a esta crucial función. Por ello, se impone una reforma del sistema electoral, que preserve los principios de libertad asociativa, y que si quiere reducir la dispersión o fragmentación del sistema de partidos, lo haga no sobre imprecisas y ambiguas estipulaciones para el registro e inscripción de los ciudadanos, sino sobre el efectivo reconocimiento de la legitimidad alcanzada en el resultado electoral.