El gobierno central se debilita. Los grupos de presión se envalentonan y halan en todas las direcciones. Están por hacer estallar al Estado, para satisfacción de mezquinos intereses políticos bien representados en la Asamblea.
Estos grupos traban la inversión necesaria para que el país tenga un crecimiento sostenido. En el sector más atractivo, la minería, hay unos USD1 mil millones listos para invertir que generarían un fuerte ingreso fiscal a partir de 2025. La inversión no se da por el ataque de activistas y seudoactivistas ecológicos. Hay los que en efecto creen que el mundo debe desindustrializarse y regresar a sistemas más sencillos de producción, pero hay ecologistas solo de labios para afuera que buscan ahuyentar la minería legal en beneficio de la ilegal, que depreda el ambiente y defrauda al fisco. Y están ganando la batalla.
En petróleo van dos años de gobierno y no hay nuevas inversiones. La producción cae y con ello las exportaciones, mientras que el consumo subsidiado crece fuertemente por el floreciente contrabando. La Corte Constitucional pondera obligar al cierre de la única área petrolera que el país tiene en proceso de desarrollo. La mafia que manipula las instituciones petroleras del Estado pone barreras a la apertura de concursos para permitir la inversión privada. Se acaba de cerrar la puerta a la búsqueda de hidrocarburos costa afuera mientras que Perú anuncia que encontró petróleo en el norte costa fuera capaz de producir 200 mil barriles diarios. Si no hacemos algo pronto, se evapora la renta petrolera.
Las administraciones públicas exigen más plata. La función judicial enjuicia al gobierno: juez y parte. La Corte Constitucional dispuso un alza salarial no financiada para los maestros. Menos ingresos y más egresos llevan al Estado a la quiebra.
Las élites no muestran interés en consensuar un rescate. Por lo que no queda más que el gobierno ponga alto a esa pérdida de autoridad, imponga ley y orden. De lo contrario vamos al despeñadero.