El tema puede ser banal, pero no lo es. En Ecuador, los jóvenes bachilleres afrontan problemas cada año por falta de cupos para ingresar a la universidad pública, o por dejar los estudios a medio camino. A los efectos emocionales, familiares y laborales se añaden las pérdidas millonarias de dólares irrecuperables, por la falta de orientación vocacional y profesional de sus ciudadanos.
La Constitución del Ecuador de 2008 establece que la educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. Este principio tiene matices. Algunos consideran -erróneamente- que la educación superior pública es gratuita; por lo tanto, “no cuesta”. La realidad es diferente: el Estado tiene la obligación de financiar la gratuidad, a través del presupuesto, cuyos fondos provienen de la exportación petrolera, los impuestos, las remesas de los emigrantes y más deuda.
Estudios revelan que la gratuidad corresponde a un modelo de Estado-bienestar denominado “ogro filantrópico”, descrito por Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Si bien el derecho a educarse es una garantía constitucional universal, que favorece a todos y en especial a las personas de bajos ingresos, la implementación de políticas de mérito y calidad con equidad son insoslayables.
En la práctica, el abandono de la carrera universitaria, por una deficiente orientación profesional, provoca pérdidas cuantiosas al Estado: ¡ocho mil dólares por estudiante cada año, que corresponde a un 20.46 %, en 2023, según datos de la Senescyt. Las causas son conocidas: la desconexión entre el MinEduc y la educación superior; la falta de modelos de orientación vocacional y profesional en todo el sistema; la defectuosa información de las profesiones y carreras; y, el mercado laboral deficiente.
Para resolver esta compleja problemática se necesita una política pública de desarrollo del talento humano, articulada a la salud, la educación y el empleo. Y estrategias específicas en el bachillerato -que debe considerarse, con algunas excepciones, un pre universitario-; un examen de test vocacional en el segundo de Bachillerato en lugar del tercero; un acuerdo con la empresa privada (educación dual); e información rigurosa sobre la oferta de carreras -antiguas y nuevas-, con perfiles de universidades e inserción en el campo laboral.
¡Recuérdese que la educación gratuita es pagada por el Estado con el dinero de todos!
