Desocupación

Un panorama matizado de angustia, desesperanza, impotencia y con temor de no disponer de ingresos para supervivir en una época cercana cuando se haya consumido el dinero de la indemnización, se vive hoy en la clase burocrática del Ecuador. Si –como se decía en la época del Presidente Bucaram- “de un solo toque” pusieron en desocupación a miles de empleados; y en el Banco Central se aprestan a separar a 132 funcionarios; y está en pleno trabajo la “evaluación” en el medio burocrático con clara tendencia a eliminar a más y más funcionarios y empleados, la preocupación se extiende respecto de la inminente desocupación en la Función Judicial.

Estamos contemplando cómo, día tras día, aparecen médicos y trabajadores de la salud despedidos, que se sentían amparados en el concurso de merecimientos; y no solo eso, sino a pesar de una excelente evaluación anterior.

El sereno y pacificador criterio del señor vicepresidente de la República, señor Lenín Moreno, ratificado por el presidente Correa el día jueves, de que si hay errores en la eliminación de tantos miles de empleados, habrá lugar a rectificación, debe llegar hasta los ejecutores de los despidos quienes no tienen oídos para las voces de justicia; menos, para los afectados y para las numerosas voces de reclamo que se originan en los dirigentes políticos de oposición, todos empeñados en disparar su propio fusil, pero no reunirse para trabajar en conjunto, como parece lo razonable y útil.

En el campo de la medicina estamos constatando los efectos un tanto perniciosos del despido de médicos y personal técnico.

Sorprende enterarse que, además del despido ya consumado, al encontrar el vacío científico y técnico inherente a muchos despedidos, buscan sustitutos; y –según parece– no hay suficientes especialistas particularmente en cirugía, para reemplazarlos.

De continuar esta conducta respecto de los funcionarios Judiciales, probablemente habrá que padecer varios meses de parálisis parcial de la justicia, hasta que los nuevos absorban las condiciones del trabajo que, en juicios, es delicado, minucioso, iluminado no solo por la ley sino por los precedentes jurisprudenciales y la doctrina.

¿No acontecerá lo mismo que lo que sucede en el Registro de la Propiedad de Quito, donde la expedición de un certificado de gravámenes, que antes requería un máximo de cinco días hoy demora hasta un mes; y, en algunos casos, cuando entregan el certificado válido por 45 días, el documento ya no sirve?

El porvenir para los “voluntariamente” lanzados a la desocupación tiene tintes penosos. Sin ingresos, agotados los dólares de la indemnización; con nuevos impuestos que traerán aumentos en los precios de consumo y en los servicios y materias primas, lo que les espera no es nada halagüeño, pues tiene ribetes trágicos. La crueldad debe cesar.

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