Oxfam, organización internacional que agrupa a una veintena de organizaciones no gubernamentales, y ‘Development Finance International’ presentaron el Índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad 2024, cuya metodología se basa en la medición del acceso a servicios públicos, fiscalidad y derechos laborales, en 164 países.
El estudio señala que la brecha entre los países del norte y el sur global aumentó de forma repentina y con una rapidez no registrada desde la Segunda Guerra Mundial, lo que se traduce en miles de millones de personas que enfrentan elevados precios de los alimentos, o directamente hambre, mientras el número de mil millonarios, por corrupción o herencia, se duplicó en la última década.
Entre otras razones, el aumento de la desigualdad se debe a que cuatro de cada cinco países han recortado el presupuesto destinado a educación, sanidad y protección social; y nueve de cada diez naciones han retrocedido la progresividad fiscal, los derechos laborales y los salarios mínimos, por lo que la desigualdad económica seguirá aumentando si no se toman medidas políticas urgentes para revertir la tendencia.
En comparación con el Índice publicado en 2022, el total de países redujo 56 % el gasto en educación, 43 % la inversión en salud y recortó un 46 % de los recursos para protección social, mientras que los salarios mínimos se redujeron o estancaron en la mitad de los países analizados, en relación con su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, a lo que se suma que la mitad de los trabajadores en el mundo carecen de derechos laborales.
Además, el Informe señala lo poco efectivas que han sido las políticas de organismos mundiales que se crearon con el propósito de ayudar al desarrollo mundial. Se evidencia que el 94 % de los países con programas del Banco Mundial, y el 95 % de los que implementan programas del Fondo Monetario Internacional (FMI), redujeron sus presupuestos en educación, salud y protección social, respecto a 2022.
De ahí que Oxfam y ‘Development Finance International’ concluyan que las políticas de los organismos internacionales incrementan la desigualdad en lugar de reducirla, y llaman a esas instituciones a convertir en una prioridad el cierre de la brecha de desigualdad, mediante la promoción de servicios sociales públicos y gratuitos, la ampliación de la fiscalidad progresiva y la proactividad en la mejora de derechos laborales, incluidos los salarios mínimos.
Pero quizás lo más interesante del análisis es su posición ética: recuerdan que la desigualdad no es inevitable, sino una elección política y que todos los países tienen la capacidad de reducirla, con el apoyo de la comunidad internacional, si se toman medidas firmes para combatir la pobreza.
