Manuel Terán

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Miércoles 15 de agosto 2012
15 de August de 2012 00:01

En Argentina nuevamente se ha puesto en el debate el inusitado crecimiento patrimonial de la Mandataria durante el período presidencial de su cónyuge, hoy fallecido, y su primer período al mando de la nación. Según análisis, el valor de su fortuna ascendió de aproximadamente USD 3 millones, declarados por el matrimonio cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia, a cerca de USD 20 millones, al cambio oficial actual. En un poco más de 8 años su patrimonio más que se ha sextuplicado, en momentos en que supuestamente este matrimonio ha estado alejado de los negocios familiares por las ocupaciones inherentes a sus cargos. Un éxito inusitado. Pero puede haber otra explicación. Al comienzo de su gestión presidencial la pareja pudo subvalorar sus declaraciones patrimoniales, principalmente en lo que tiene que ver con el valor real de sus propiedades. Si ese fue el caso, allí nace otra interrogante: ¿de dónde salió el dinero para adquirir esos bienes, mientras se dedicaban a la política local allá por el Calafate? Más que la simple retórica se requieren explicaciones claras, se trata de un asunto que involucra a dos de los más importantes políticos de la nación argentina de la última década.

Como ocurre siempre en estos acontecimientos, cuando a quienes les salta el escándalo son de los que se hacen llamar progresistas, las críticas no son tan contundentes, pero si fueren sus enemigos coparían todo espacio para reclamar sobre algo que aparece borroso. Así ha sucedido en el mismo país gaucho y en otros Estados de la región. Existe una doble moral, cuando lo que corresponde es condenar el hecho que se abuse del poder para obtener réditos personales, provenga de donde provenga quién se encuentre involucrado.

Todo esto origina una desconfianza en los ciudadanos de América Latina sobre la actuación de los políticos, que crea una grave erosión al sistema democrático. El ciudadano común percibe que quienes se interesan en la vida política no lo hacen con afán de servicio, sino para satisfacer intereses personales. Esta percepción se ahonda cuando salen a la luz los hechos, algunos indescifrables, que alientan su escepticismo sobre las supuestas buenas intenciones de sus gobernantes y aspirantes a serlo.

Nada le hace más daño al sistema democrático que la producción en serie de estos eventos y, peor aún, que su esclarecimiento se quede en el limbo. Si las investigaciones quedan en manos de jueces de dudosa imparcialidad, como ya sucedió en el caso argentino, el daño es aún mayor porque se percibe una especie de confabulación para someter a la institucionalidad a los intereses personalísimos de las autoridades. Por ello, nada más importante que crear conciencia sobre la necesidad de consolidar instituciones probas, que no dependan de la voluntad de los mandatarios sino que tengan como fin la necesidad de cumplir la ley y hacer justicia.