Farith Simon

Descaro y desmemoria

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Lunes 30 de diciembre 2019

Existe una constante en la opinión social respecto de la administración de justicia: su falta de independencia. No importa lo que se haga para recuperar su prestigio, la idea de que la Función Judicial responde a los intereses de quien detenta el poder o de quien puede pagar está tan presente, que toda decisión en casos de alto impacto político es evaluada a partir de los actores en juego y toda decisión es considerada como una prueba de esa situación.

El último capítulo de esta historia se ha escrito a partir de la decisión de la jueza Patlova Guerra quien modificó la prisión preventiva que pesaba contra Paola Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González, investigados por el delito de rebelión por su -supuesta- participación en actividades tendientes a desconocer el gobierno legítimamente constituido” en octubre. La Fiscalía reaccionó inmediatamente, informó que analizaba acusarla por un posible delito de prevaricato.

Gran parte de la opinión pública se mostró indignada por esta decisión, para muchos es un camino a la impunidad, una muestra de debilidad del Ejecutivo, una “tramoya correísta” e incluso una burla a la Fiscalía. Mientras Rafael Correa, expresaba que su “alegría es enorme” y calificaba la decisión como “muestra de que aún quedan jueces honestos”. Todas estas reacciones ponen en evidencia la incomprensión del rol de las instituciones y la función de la prisión preventiva.
El Ejecutivo no debería tener responsabilidad alguna por las decisiones de jueces y fiscales.

Cada juez tiene capacidad para decidir sobre las medidas cautelares, estas no son penas anticipadas, buscan asegurar que procesados o acusados no evadan al proceso o interfieran en las investigaciones. No es relevante el personaje, el delito o la cantidad de información que tenga la Fiscalía sobre el caso, las pruebas cuentan cuando son presentadas oportunamente y pueden demostrar la participación de los procesados en los delitos de los que se les acusa, cualquier otra cosa es retórica o un espectáculo lamentable que busca que la absolución o la condena de la opinión pública.

No conozco la información presentada por la defensa o por la Fiscalía a la jueza Guerra para modificar la prisión preventiva, prefiero asumir que hizo su trabajo más allá de los personajes involucrados y actuó con honestidad de acuerdo con los méritos procesales.

Capítulo aparte merecen las palabras de Correa, rey de la inconsistencia y el doble discurso, quien generó las condiciones para controlar a la justicia y en sus comparecencias ante los medios decidía sobre la inocencia o la culpabilidad de las personas, si merecían o no prisión preventiva.

Solo él, y sus seguidores acérrimos, en su infinito descaro y desmemoria, ahora pueden presentarse como defensores de la independencia judicial, de los jueces honestos o del uso limitado de la prisión preventiva. ¡Cuánta doble moral!