Desamparo
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El crimen sucedido en Ibarra y otros delitos cometidos por desadaptados que han alarmado a la ciudadanía, dan cuenta de los inéditos niveles de violencia a los que se ha arribado. Pero al mirar lo acontecido aparecen las falencias que experimentamos como sociedad, colocando sobre el tapete la realidad incuestionable que el Estado en su conjunto no está en capacidad de brindar las mínimas seguridades a sus habitantes. En los sucesos del infame femicidio que segó la vida de una joven mujer, luego que las crudas imágenes han sido vistas por la mayoría de la población a través de las redes sociales, muchas voces críticas se enfilan en contra de los policías que estuvieron presentes en el hecho. Hay que ir más allá. No se puede pedir a personas que no cuentan con el entrenamiento suficiente acciones heroicas en momentos de férrea tensión. Lo que hay que cuestionarse es por qué como sociedad no tenemos suficientes grupos de agentes entrenados, que puedan responder en estos casos extremos en forma oportuna y con eficacia. Hemos fallado en construir un Estado que garantice seguridad a sus habitantes. A través de un desentendimiento general no hemos sido capaces de preparar una fuerza, adecuadamente entrenada, que pueda responder en estos momentos críticos en cualquier parte del territorio nacional.
De lo que se sabe, la preparación de las fuerzas policiales en la debida utilización de las armas de fuego, que legítimamente pueden utilizarse en casos extremos haciendo un adecuado, progresivo y proporcional uso de la capacidad de respuesta, es casi inexistente. Varias veces miembros de la tropa y de la oficialidad han hecho públicas sus quejas que las municiones consumidas les son descontadas de su propia remuneración. El entrenamiento no concluye en que adquieran destrezas en el manejo de las armas, sino que debe complementarse con una rigurosa preparación intelectual y psicológica que los habilite para administrar adecuadamente el monopolio legal en el uso de esa fuerza.
Si se quiere encontrar responsables no lo serán en última instancia los agentes que estuvieron inmersos en los hechos. Las fallas se encuentran en una institucionalidad carcomida, que no repara que el verdadero bien jurídico a proteger es la seguridad de las personas y que, para ello, debe dotar de los recursos legales y físicos adecuados a quienes se les ha encargado esa misión.
Si no se entiende aquello, lastimosamente seguirán sucediéndose estos hechos deplorables. A los ciudadanos les entrará esa sensación de desamparo que, como se ha visto en países vecinos, son la incubadora perfecta para que prosperen propuestas extremas que permiten que se cometan mayores desafueros poniendo en vilo a la sociedad. Como corolario, observar la respuesta de inadaptados pretendiendo agredir a migrantes que transitan su desgracia por las calles de Ecuador, es repulsivo. ¿Qué dirían si en España se empezaría a atacar a los ecuatorianos por el solo hecho de compartir nacionalidad con quienes han sido encontrados culpables por la justicia de ese país?