Desafortunadas declaraciones

Dos candidatos a la presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos y Noemí Sanín, consultados sobre las medidas que tomarán para luchar contra la violencia interna, han anunciado que seguirán aplicando la política del presidente Uribe y que perseguirán a los terroristas donde quiera que se encuentren o vayan.

Estas declaraciones deben ser analizadas en su contexto. Colombia está viviendo las últimas etapas de una campaña presidencial en la que dichos candidatos, más Antanas Mockus, encabezan las encuestas electorales. Seguramente tienen plena conciencia de que la popularidad de Uribe se debe, en gran medida, a los éxitos en su lucha contra el terrorismo. Santos, como ministro de Defensa, fue uno de los actores de esa lucha, lo que le proyectó, entre otros factores, hacia la candidatura presidencial. Es quien tiene más probabilidades de triunfar.

Santos y Sanín han buscado dejar en claro su determinación de emplear todos los medios para derrotar a uno de los flagelos más cruentos que han aquejado a Colombia durante medio siglo. Los colombianos, que hasta hace pocos años no podían usar sus carreteras o recorrer las calles de sus ciudades por temor a los asaltos, los secuestros y la muerte, ahora pueden pasearse sin cuidado por su hermoso país. La sensación de tranquilidad recuperada es un móvil político importante y así lo saben los candidatos. Por eso, han querido captar para sí los efectos positivos de la política uribista.

Las declaraciones de Santos y Sanín estaban dirigidas al pueblo elector. Son propias de actores políticos. Pero están lejos de ser declaraciones de estadistas. En efecto, ¿por qué no añadieron que su lucha contra el terrorismo se haría en estricto respeto del derecho? Las normas internacionales no solo facultan a los Estados a luchar contra el terrorismo, sino que les obligan a cooperar para hacerlo con eficacia.

A todos nos interesa asegurar a nuestros pueblos una vida tranquila. Pero Santos y Sanín, sin medir todas las consecuencias de sus palabras, dejaron abierta la puerta a interpretaciones que traen a la memoria ese condenable ataque del primero de marzo del 2008. ¿Acaso no recuerdan la unánime condena continental que señaló con el dedo a Uribe y a Santos y que obligó al primero a presentar al Ecuador públicas excusas? ¿Han olvidado que la doctrina de la guerra preventiva, desafortunado invento de Bush, se desprestigió en todos los ambientes en que fue exhibida y que, ni disfrazada de “legítima defensa”, ha podido prosperar?

Bien ha hecho el Gobierno ecuatoriano al rechazar las declaraciones de Santos y Sanín, pero ciertamente sobran la ironía y el sarcasmo con los que nuestro “aspirante a emperadorcito” ha condenado la “arrogancia de los aspirantes a emperadorcitos” de Colombia.

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