Brasil muestra un gran déficit de justicia, leyes e instituciones que garanticen los derechos humanos de sus habitantes, expuestos en muchos lugares a situaciones de alto riesgo ante el fuego cruzado de la criminalidad y las fuerzas de seguridad, advirtió este miércoles 22 Amnistía Internacional. “En los últimos años hubo importantes avances en materia de derechos básicos en este país, pero en varias áreas persisten las vulnerabilidades”, dijo Átila Roque, director ejecutivo del capítulo brasileño de esta organización no gubernamental con sede central en Londres.
“La amenaza a la vida de la población en general por parte del accionar de criminales sigue siendo grave y los organismos estatales que deben garantizar los derechos de la sociedad a menudo se convierten en agentes de violaciones de esos derechos”, comentó Roque a IPS.
El estudio “El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, que analizó la situación existente al respecto el año pasado en 159 países, dedica más de cuatro páginas a Brasil, en las que se destacan la alta incidencia de los delitos violentos, así como el uso excesivo de la fuerza y hasta la aplicación de torturas de parte de las fuerzas encargadas de combatir el crimen. Las fuerzas policiales de Río de Janeiro son un caso extremo, afirmó Roque, pues hay agentes que “usan el uniforme como instrumento para violar la ley y sumarse así al delito”.
El representante de Amnistía Internacional (AI) entiende que el Estado tiene dificultades para luchar contra esta nueva forma de delincuencia organizada.
“Este es un fenómeno que ha ganado visibilidad en los últimos tiempos y que pone de manifiesto, sobre todo, un proceso de deterioro de la seguridad pública, que no fue capaz de contener la expansión del crimen organizado en las propias filas de la policía”, puntualizó.
El despliegue en Río de Janeiro de las Unidades de Policía Pacificadora ha sido una de las fórmulas eficaces para reducir la tasa de homicidios, pero esa estrategia de Policía comunitaria no ha sido ni tan rápida ni tan abarcadora como para incluir a las fuerzas de seguridad.
“Si no se presta atención a la profundidad del problema, no se mejorará la situación de la impunidad y de los derechos humanos”, sentenció Roque. El informe de AI indicó que el sistema penitenciario de Brasil deberá tener al menos 200 000 efectivos más para atender la gran cantidad de presos existentes, que en general sufren “condiciones crueles, inhumanas y degradantes”.Para Roque, el creciente aumento de la población carcelaria de Brasil, con 198 millones de habitantes, contribuye a que se perpetren atentados contra los derechos humanos en las penitenciarías, abarrotadas con más de 500 000 reclusos en todo el país, una cantidad solo superada por Estados Unidos, China y Rusia.