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Derecho, ¿profesión o vocación?

En una intervención frente a estudiantes de Jurisprudencia de una de nuestras universidades, les pregunté por qué y para qué estudiaban Derecho: si únicamente buscaban una profesión como medio para subsistir o si por el contrario estaban convencidos de sentir una auténtica vocación. La distinción no es inocua. En efecto, ¿el ejercicio profesional del Derecho sirve sólo para obtener los recursos necesarios para la manutención y el mejoramiento económico personal y familiar? ¿O es algo más, con un incuestionable contenido ético y social, que nos lleva también a convertirlo en un instrumento eficaz para construir una sociedad más justa, libre y solidaria? Desde esta óptica, ¿qué papel está desempeñando nuestra educación universitaria?

A juzgar por los resultados, el rol que está cumpliendo es, por lo menos, ineficaz. Nuestra sociedad es permisiva y transgresora. El irrespeto a la ley, con sus secuelas de frustración, inequidades e injusticias, corrupción e impunidad, es una conducta de vieja data, amplia y generalizada. Contrariamente a la opinión más difundida, el mal, hasta tal punto convertido en crónico que casi no nos damos cuenta de que existe y de que somos culpables de su larga vigencia, ha invadido todos los sectores y niveles de la sociedad. Los intereses personales y de grupo prescinden de la ley para alcanzar sus objetivos. El cambio de la ley, en estas circunstancias, es irrelevante: lo que debemos cambiar es nuestra actitud ante la ley.

La ‘revolución ciudadana’ ha arrasado impunemente la legalidad y la institucionalidad. ¿El Tribunal Supremo Electoral, que se excedió en sus atribuciones y, violando la Constitución, avasalló al Congreso Nacional, no estaba integrado por abogados? ¿No son abogados muchos asambleístas que actúan haciendo gala de una vergonzosa sumisión a las órdenes de la dictadura? ¿Los vocales de la Corte Constitucional, que ejercen sus funciones solo para someterse a los intereses de Carondelet, no son acaso abogados? ¿La Corte Nacional de Justicia, que ha callado vergonzosamente ante los atropellos a la Constitución, la ley y las instituciones, no está formada por abogados?

La universidad ecuatoriana no está cumpliendo a cabalidad su función. El estudio del Derecho no debe reducirse al conocimiento minucioso de la ley para transgredirla y, mediante manipulaciones y triquiñuelas, convertir su aplicación en instrumento de intereses menguados y mezquinos. Es imperioso insistir en su contenido ético. En su valor como mecanismo para defender la libertad y construir una sociedad más justa y solidaria. El cambio no se produce por la imposición arbitraria, desde la política y el poder, de constituciones y leyes. Es imprescindible cambiar el comportamiento de los ciudadanos: en última instancia, cambiar la sociedad desde la educación.

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