Escribo esta columna dos días antes de las elecciones seccionales. De transcurrir con normalidad el proceso electoral, cuando usted esté leyéndola, ya tendremos una idea clara de lo que sucedió, especialmente en Quito donde la campaña electoral cobró una dinámica inesperada. De aburrida, como esos partidos de fútbol en los que ya sabemos de antemano el resultado, pasó a ser tan intensa que ha llegado a ser calificada como la “batalla por Quito”, con enemigos, escaramuzas, fuerzas hostiles, episodios de “guerra psicológica, de información y contra información.
Se ha dicho que hasta la misma revolución ciudadana está en juego, que de perder en Quito podríamos llegar a ser como Venezuela, volvernos ingobernables. Esta imagen debería aterrorizarnos: miles de estudiantes “fascistas” (desarmados) y esclavos del imperio, provocando a milicias, policías y militares indefensos, patriotas defensores de un Gobierno progresista, víctima de la conspiración de la derecha y del imperialismo gringo.
Volvamos a nuestra realidad, a estos nuevos tiempos en que todo ha sido cambiado, reformulado, revolucionado; en el que se dice hemos roto paradigmas jurídicos, sociales, políticos, incluso epistemológicos.
Estimado lector, al margen de sus preferencias políticas y electorales, podrá darse cuenta de cuán distinta es esta campaña de aquella en la que el Presidente actual obtuvo su primera victoria. Seguro notará esas diferencias, para precisarlas le propongo unas preguntas, basadas en la ley electoral.
¿En esta campaña el Estado ha garantizado las candidaturas iguales oportunidades para difundir propuestas programáticas? ¿Todas las instituciones públicas acataron la prohibición de difusión de publicidad y se limitaron a informar sobre asuntos cuya difusión era necesaria para la ejecución de planes y programas específicos en ejecución? ¿Se acató la prohibición de exposición en espacios audiovisuales, que impliquen la utilización de recursos públicos de la imagen, voz y nombres de personas que se encuentren candidatizadas? ¿48 horas antes del día de los comicios se suspendió la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes, en todo tipo de medios de comunicación, que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral? En caso incumplimiento de estas disposiciones, ¿el CNE dispuso de manera inmediata su suspensión? ¿Las autoridades electorales aplicaron esas reglas sin importar quién las infringió? Luego de responderlas ¿usted puede afirmar que vivimos en un estado de derecho, en “un “régimen jurídico que somete a los agentes del Estado, como a los simples particulares, al imperio de la ley”? Todo se puede decir, sin embargo no existe justificación democrática para que un gobernante se ponga por encima de las normas.