Por décadas, la opinión pública ha venido reclamando un cambio en la educación superior. Hay conciencia de que las universidades tienen grandes y notorias limitaciones y que un buen grupo de ellas carece del nivel académico mínimo para cumplir su misión de docencia e investigación. Las universidades públicas se debaten entre la reducción del financiamiento estatal y la inercia interna. Las privadas, se mueven con una lógica de ganancia, que en no pocos casos ha devenido en baja calidad y virtual venta de títulos.
La Constituyente de 1997-98 estableció nuevas reglas, algunas de las cuales se cumplieron, aunque la mayoría no. La Constituyente de 2008 emitió un mandato para la evaluación y depuración del sistema universitario y luego se aprobó una Ley de Educación Superior con algunas disposiciones tendientes a llevar adelante la reforma.
Hace dos años, el Conea presidido por Arturo Villavicencio realizó una evaluación del sistema y estableció una categorización de universidades. Esta acción valiente y seria merece el reconocimiento nacional. Las instituciones que estaban en la categoría más baja quedaron sometidas a una nueva evaluación, que el Ceacces llevó adelante. Al fin, luego de un riguroso proceso, se han suspendido catorce universidades y ocho más se han sometido a severas condiciones para seguir funcionando.
La medida es dura y trae serias consecuencias. Si se hubiera aprobado el texto de la Ley de Educación Superior consensuado en la Asamblea Nacional con sus máximos dignatarios y del Gobierno, en vez de reformarla con un veto que hizo cambios negativos, el proceso hubiera sido menos dramático y doloroso, con mejores resultados. Pero no fue así y de todas maneras había que llevar adelante la depuración con las normas vigentes.
Por ello, atendiendo a lo de fondo, se debe reconocer que suspender esas catorce universidades, era una opción conveniente y debe ser respaldada. Sería lamentable que luego de años de reclamar una acción enérgica, ahora se venga a decir que se debía mantener la situación prevaleciente, sin tomar decisiones que no por difíciles, dejan de ser necesarias.
Desde luego que la depuración debe hacerse protegiendo a los alumnos de las universidades suspendidas. Felizmente, los procedimientos adoptados por el Consejo de Educación Superior son acertados, aunque deben complementarse con medidas adicionales, de modo que los estudiantes, docentes y trabajadores tengan salidas ante la situación crítica.
Estas medidas son el inicio de un proceso de elevación de la calidad. Después de la acción drástica, hay que llevar adelante la evaluación de todo el sistema, apoyar con recursos a sus instituciones para que puedan elevar su nivel, y emitir nuevas normas que garanticen la calidad.