Votamos, es verdad. Salvo en Cuba, en América Latina votamos en todas partes. ¿Tenemos por ello la democracia que queremos o nos vamos resignando a una legalidad degradada? ¿Resplandece la libertad de expresión del pensamiento? ¿La separación de poderes funciona cabalmente? La intervención del Estado en la economía, ¿es la normal en un Estado de Derecho o, en ocasiones, se confiscan bienes de empresas a las que se llamó para que invirtieran? Las relaciones entre los Estados, ¿poseen la armonía buscada para que la integración no sea simplemente un rótulo? Basta formular estas cuestiones para advertir de qué forma se manosean las instituciones republicanas, aun en nuestra celebrada democracia uruguaya. Los recientes episodios relativos a la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la de caducidad, han sido reveladores de ese desapego a la legalidad y la razón, de esa soberbia oficialista que, con mayoría absoluta en el Parlamento, cree poder decidir a su antojo. Más que nuestras palabras, las del Ministro de Defensa nos eximen de mayores consideraciones cuando aludió al “desastre totalmente previsible” de la inconstitucionalidad de una ley, que se votó “sabiendo que iba a ser declarada inconstitucional”. Esto ocurre en un país en que invocamos al Estado de Derecho en el mismo instante en que se desprecia alegremente el voto de la ciudadanía, lo que no ocurrió ni bajo la dictadura. Lo que es peor, grupos activos llevan adelante esta embestida en nombre de unos derechos humanos que se dicen defender cuando se están violando groseramente. Nuestro propio Presidente lo reconoció, luego del increíble atentado internacional cometido con el Paraguay, al que se marginó del Mercosur pese a que la sustitución del presidente Lugo se hizo conforme a la Constitución: “La política está por encima del derecho”. La insólita afirmación, que en boca de otro gobernante de cualquier tiempo hubiera producido una tormenta, allí quedó, flotando en el aire, como una más de sus tantas ocurrencias. El desaguisado con Paraguay ha adquirido ahora aún mayor relieve con la sucesión del fallecido Presidente de Venezuela. En este caso, la clara inconstitucionalidad se ha juzgado convalidada por el Tribunal Supremo, pese a que fue integrado, no hace mucho, mediante una alcaldada oficialista.
Desde siempre, la política internacional uruguaya actuó con pluralismo y convivió con regímenes no democráticos. Nunca significó el elogio o reconocimiento explícito de esa condición despótica. Hoy Cuba es más que amiga, los desbordes venezolanos son celebrados con unción y participamos protagónicamente de una macabra liturgia de poder, a la que no le faltó la ovación para recibir al Presidente de Irán, el inverosímil fundamentalista que niega el Holocausto y proclama la necesidad de borrar a Israel del mapa.