Por un lado, amnistías políticas en paquete, unos no amparados por la Constitución, y, por otro, la adopción de sanciones de EE.UU. contra políticos y exautoridades (aunque faltan muchos) que cometieran actos de corrupción, lo que debiera dar vergüenza porque nos ‘dan haciendo y diciendo’ lo que internamente no se puede sancionar con apego a la ley y por ello los altos niveles de impunidad.
La democracia se nutre de las diferencias, pesos y contrapesos e incluso la necesidad de una oposición responsable, que contribuya a la solución de los problemas de la ciudadanía. Otra cosa son las ambiciones personales y de los grupos políticos, que se sirven del país. A vista y paciencia de la gente, la mayoría de dirigentes, asambleístas y organizaciones hace lo que les da la gana.
En el peor escenario de la Asamblea, concretan una amnistía política para todos (menos para policías y militares). Se otorga a quienes sí se merecían por ser defensores de derechos y reivindicaciones sociales, pero también a quienes protagonizaron en octubre 2019 actos violentos, atentados, destrucción de bienes públicos y privados, sabotajes, toma y corte de servicios, incendio de la Contraloría, que dejaran 11 muertos y enormes pérdidas. Todo esto se borra y nunca existió.
Los acuerdos transparentes son legítimos, cuando buscan el servicio al país y la solución de sus problemas, pero otra cosa son los pactos vergonzosos, la no evaluación ni destitución por ahora de la Presidenta de la Asamblea, a cambio de una votación de las amnistías a la madrugada, que sirviera para el festejo de los procesados penalmente.
Los actos de corrupción les junta para defenderse de lo que cometieran los diez años del correísmo y otros hechos que son procesados por la justicia como la enorme estafa al seguro social de los policías, vinculados al PSC. Juntos y revueltos, con el apoyo de los supuestos rebeldes (correístas) de Pachacutik, que no piensan en sus comunidadessino en su bienestar personal.