Diego Araujo Sánchez

La demanda de Assange

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Martes 23 de octubre 2018

Los primeros días del pasado enero se supo que las autoridades ecuatorianas habían concedido a Julian Assange carta de naturalización y que habían notificado al Foreign Office su designación como funcionario diplomático en la embajada del Ecuador en Londres. Entonces, en esta misma columna, expresé que ese juego tramposo, con su tufo de viveza criolla, era causa de vergüenza nacional. Ahora, cuando se conocen documentos antes reputados como reservados sobre el caso, se agranda la vergüenza.

Al indigno papel desempeñado por la canciller de entonces, María Fernanda Espinosa por el acto deshonroso de utilizar la nacionalidad como maniobra para favorecer al asilado australiano y sacarlo de la legación diplomática, se suma el despropósito de suponer que Reino Unido reconocería el nombramiento y la inmunidad de quien, desde junio de 2012, mantiene una cuenta pendiente con la justicia británica al incumplir las condiciones de su libertad condicional.

Los documentos que han salido a la luz muestran las irregularidades en la concesión de la carta de naturalización y evidencian otro juego torcido: los nombramientos a Assange casi simultáneos como consejero de la embajada del Ecuador en Londres y, de la embajada en Moscú, que se acomodaban al proyecto de sacarlo hacia Rusia.

La defensa de Assange anunció que demandaría al canciller José Valencia por dar a conocer los documentos acerca de la naturalización. ¿Por qué tenía que ser reservada la concesión de la ciudadanía ecuatoriana si se la hacía con sujeción a las leyes? Esa amenaza no ha prosperado. Resultaría el colmo del cinismo que el fundador de WikiLeaks, el personaje que más documentos secretos ha filtrado en el mundo, demandara al canciller del Estado que le concedió asilo por dar a conocer documentos que ni siquiera se sujetaron a los requisitos legales para la reserva.

Sin embargo otra demanda llegó de manos de Baltasar Garzón como una acción de protección a favor de Assange para dejar sin efecto el protocolo de convivencia que se le ha impuesto para su permanencia en la embajada. Asilarse en la sede diplomática le imponía desde el inicio limitaciones; sin embargo hasta se le toleró el abuso de pronunciar declaraciones políticas y comprometer con ellas las relaciones internacionales del Ecuador. Exigir la identificación de quienes ingresen a la embajada y obligar a Assange cumplir las condiciones que implica el asilo, ¿vulneran sus derechos o constituyen una atribución elemental del Estado para precautelar la sede diplomática y a sus funcionarios y frenar los abusos de quien renunció al asilo, recibió de forma tramposa la nacionalidad ecuatoriana, y se cubre ahora, a costa del país, con el estatus de persona bajo protección internacional?

daraujo@elcomercio.org