Resulta muy difícil que haya sinceridad en la política porque se anteponen la demagogia y el engaño con cualquier actor. Tanto se criticó al pasado para hacer iguales y peores cosas. Al pueblo le hicieron aprobar en el 2008 la Constitución de Montecristi con argumentos de que era la mejor del mundo, que debía durar 300 años, llena de garantías, derechos y justicia, pero resulta que con el paso del tiempo y el ejercicio del poder esos logros resultan un estorbo y, poco a poco, se quiere ir desmontando y adecuando a las necesidades para permanecer en los cargos a los que se han enseñado.
El oficialismo presentó a la Corte Constitucional un proyecto de enmiendas constitucionales, con serias observaciones de ilegalidades y arbitrariedades de forma y de fondo en el trámite inicial en la Asamblea y luego ese organismo con sus fallos ha evidenciado su sumisión al poder y evade la defensa de los derechos de los ciudadanos, que le obliga la Carta Política.
No contentos con este contenido, a los siete años de vigencia de la Constitución hoy les estorban más normas. El derecho a la resistencia, art. 98, ha sido cuestionado pese a que defendieron los contenidos cuando aprobaron, con revolucionarios discursos que exhibieron en Montecristi. Hoy evidencian sus contradicciones. Basta revisar la actuación de oficialistas y ahora con la misma cara se desdicen y señalan lo contrario. Criticaron la reelección y el caudillismo pero aspiran a aprobar a fines de año.
El derecho a la resistencia no nació en este gobierno ni tampoco ha sido una concesión graciosa de este proyecto político. Los DD.HH. nacen con la persona, consagrados en la Declaración Universal de 1948, y por ello también el derecho a la resistencia que tienen los pueblos frente a los abusos del poder, especialmente por las acciones contra las libertades individuales.
¿Acaso se quiere tener una sociedad de cementerio, en donde nadie cuestione porque entra en política y solo se escuchen aplausos sin razonamientos?
Al parecer, se trata de otra cortina de humo para tener entretenidos frente a la aguda crisis económica, con un exagerado gasto público, la situación del desempleo y empleo inadecuado, el alto costo de la vida, las amenazas naturales por la erupción del Cotopaxi y la llegada del fenómeno de El Niño, las acciones contra las libertades como ocurre con el proceso de cierre de Fundamedios.
En el caso de las enmiendas constitucionales, si hubiera sinceridad política -lo que antes no hubo y hoy tampoco, pero con actores que dijeron ser diferentes- y si tanto se empeñan en su aprobación por qué no resuelven incluir que todos estos cambios entren en vigencia a partir del 2017 para que nadie se beneficie de sus contenidos.
Lo que pasa es que no quieren dejar las canonjías del poder ni que les fiscalicen organismos independientes en medio de falta de justicia, transparencia y una galopante corrupción e impunidad.
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