Todo aquello relacionado con la (in)seguridad ciudadana es de gran relevancia para la vida cotidiana, es una preocupación social prioritaria y por ello debería ser considerado un tema central de la agenda política y de la acción estatal.
Enfrentar el delito y la delincuencia y asegurar un funcionamiento adecuado de la Justicia es una responsabilidad principal del Estado que no puede transferirse a los ciudadanos. Es una tarea pública enfrentar el delito y la delincuencia.El gobierno anterior usó este tema como la justificación principal de la “metida de mano” a la justicia y de la reforma institucional a la Policía Nacional. De acuerdo a los números disponibles, algunas medidas como la prohibición de porte de armas, la reorganización de los sistemas de investigación, las “recompensas”, entre otras, contribuyeron a la reducción de ciertos delitos, particularmente de aquellos contra la vida, lo que hizo -de acuerdo a los reportes oficiales- que lleguemos a tener una de las tasas más bajas de la región.
Lamentablemente no existió, o existe, información pública accesible y verificable que permita entender de forma independiente qué sucedió, porque desde el 2006 la información en la materia dejó de ser de libre acceso a los ciudadanos, impidiendo así que se contraste los datos oficiales. Es claro que la percepción social es que el régimen anterior logró disminuir los delitos y con el actual se han incrementado, que el Estado es incapaz de enfrentar la situación y que existe una grave impunidad producto de la incompetencia, venalidad o inacción.
El actual régimen parece no tener una política de seguridad; medidas como la eliminación del Ministerio de Justicia y la transferencia de sus competencias, demuestran que se toman medidas sin estudiar las consecuencias de la reducción del Estado en áreas sensibles. Tampoco se disminuyen los delitos con publicidad del trabajo policial o medidas aisladas como movilizar a las Fuerzas Armadas, endurecer las penas o permitir el libre porte de armas. Gracias a la evidencia acumulada, se sabe que no funcionan y aumentan las violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades con sus acciones deben enviar mensajes claros sobre la importancia que le dan a esta materia, en particular con una política de “tolerancia cero” frente a la incompetencia, corrupción y desidia de muchos funcionarios de la Fiscalía, de la Policía y de la Justicia que parecen estar involucrados en facilitar la impunidad en casos como los de la muerte de Carolina o en delitos recurrentes contra la propiedad que demuestran la existencia de delincuentes organizados y protegidos por funcionarios públicos.
La falta de respuesta estatal efectiva incrementa la sensación de inseguridad e impacta de forma significativa en la vida de las personas. Por esto la factura política y social de la inacción es muy alta, cada vez hay más personas que demandan políticas de mano dura incompatibles con los derechos. El miedo es un combustible muy poderoso y que puede usarse para acabar con todos los límites de la acción estatal.