Pueden anunciar la reducción de ciertos indicadores de los delitos, pero el temor y el terror subsisten en las familias debido a las acciones de la delincuencia organizada y la permisividad de la administración de justicia. Determinados jueces favorecen con frecuencia a quienes fueron encontrados en acciones delictivas y delitos flagrantes, lo que ha generado la reacción de los policías que se juegan la vida en sus tareas, los ciudadanos que han sufrido algún atraco e incluso del gobierno.
La corrupción en la justicia no es de hoy ni de ayer. Hubo desde mucho antes, pero es indudable que se profundizó en el nefasto correísmo cuando el prófugo en Bélgica metió mano en la justicia y hoy ha quedado al descubierto. Casi institucionalizó este mal y dejó una herencia en donde ciertos jueces creen que pueden hacer lo que quiera, sin control ni evaluación, aunque hoy está en camino.
Para que exista éxito en el combate a la delincuencia organizada se requiere la actuación de todas las instituciones del Estado, cada cual en su ámbito pero de manera articulada, y promover la prevención. No solo se requiere la acción oportuna de la Policía, cuya misión constitucional es atender la seguridad ciudadana y proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas. De nada sirve si la Fiscalía formula cargos y los jueces sospechosamente desechan y liberan a los presuntos delincuentes. La presencia de FF.AA. en los operativos es un aporte a pesar de que esa no es su tarea específica ni su preparación, pero genera confianza y una acción disuasiva.
No hay ese acompañamiento de operadores de justicia, que actúan por su lado y con sus fallos contribuyen no solo a la impunidad sino que facilitan el retorno inmediato de los delincuentes a sus fechorías. Por ello se produce un círculo vicioso: la Policía les detiene pero salen en poco tiempo por dictámenes judiciales favorables, reinciden y la sociedad se admira porque muchos tienen docenas de detenciones. Los ciudadanos se sienten impotentes e indefensos y hay jueces que actúan a espaldas de la sociedad y de la realidad, sin control disciplinario, pese a la acción del Consejo de la Judicatura que ha sancionado a decenas de operadores de justicia, pero resulta insuficiente frente a la dimensión de los hechos. La acusación es que mucho han beneficiado a las acciones delincuenciales y bastante al narcotráfico.
Señores jueces, basta de liberar a aquellos delincuentes que fueron aprehendidos por los uniformados y acusados por los fiscales. Esto desmotiva y torna infructuosa la acción contra este mal. ¿Cuándo cambia el esquema de miedo?, cuando la gente que fue asaltada tiene que ir a las unidades fiscales para formular cargos, ponerse al frente de los delincuentes, que sin ruborizarse les amenazan y por ello muchos desisten de sus acusaciones.