“Este es un gobierno que resuelve, que decide”, pero la retórica gubernamental no dice si lo hace pronto y bien. Ahora me voy a referir a dos asuntos grandes e importantes, el uno en el que se demora mucho su resolución y el otro en el que no se ha decidido bien.
Después de trabajar en el mercado ecuatoriano durante 15 años y cuando vencieron los plazos estipulados en los respectivos contratos, se ha prorrogado demasiado la negociación con las Telefónicas, para definir la cantidad de dinero que deben pagar al dueño del mercado, que es el Ecuador, por la explotación en una futura década, por ejemplo. Esto no es un asunto menor porque las líneas telefónicas activas a marzo de 2025 son 18’515 059, cantidad que supera al total de la población ecuatoriana, cuyo consumo digital no cesa. La participación de CLARO es el 53,73% y la de MOVISTAR es el 28,49%.
Como Movistar está vendiendo su participación en el mercado ecuatoriano a la empresa MILLICON cuya marca es Tigo, ésta es la oportunidad de cobrar una buena cantidad de dinero por el Título Habilitante para el uso de más de 5 millones de líneas activas y dolarizadas, y asegurar la innovación tecnológica.
De todas maneras, los ecuatorianos debemos saber cuánto están pagando las compañías telefónicas, desde que se terminaron los plazos de los contratos y cuánto va a recibir el Ecuador, por la explotación de este negocio, en el largo plazo. Las cantidades que deben ser anticipadas son grandes, que servirían para los gastos fiscales urgentes.
Además, para disminuir la desigualdad, el Ecuador debería pedir que las telefónicas financien sus servicios en las comunidades rurales pobres, como lo hizo Perú con la asesoría de la CAF.
Los contratos sobre energía térmica
También debemos recalcar que no hay una información fehaciente de lo que ocurre y ocurrirá con las plantas de energía térmica que contrató el gobierno el año pasado, cuyas primeras observaciones han preocupado a la opinión nacional, toda vez que se trata de más de cien millones de dólares que los funcionarios concernidos comprometieron en esta contratación.
El gobierno debe explicar al país por qué se contrató con empresas que no acreditaron solvencia técnica ni financiera, a tal punto que se han traído equipos incompatibles con nuestro sistema energético y se ha pactado con una empresa recién constituida con USD 3 000 de capital. Las controversias surgidas denotan falta de experticia de los funcionarios que contrataron y de las empresas ofertantes, y ahora veremos cómo se soluciona este gran problema.
Durante la emergencia por los apagones no había Ministros titulares de Energía, sino encargados por varios meses, cuya incompetencia afectó a la vida de la gente. Este desgobierno reclama que se haga lo necesario para corregir los errores con seriedad y ética pública, para que todo esté claro y el país tenga certezas que disipen las dudas razonables.
¿Qué puede decir la Contraloría sobre este asunto?
