El déficit y los subsidios

Uno de los aspectos positivos de la Ley de Fomento Productivo, la cual acaba de ser enviada por el ejecutivo con 66 cambios a la Asamblea, es la inclusión de reglas tendientes a regular el manejo fiscal del país.

En el veto del Ejecutivo se ha incorporado la obligación de que para aprobar el Presupuesto del Estado no debe existir déficit primario o que éste cumpla con metas de crecimiento de la economía de largo plazo. Es decir, vincular reglas y metas fiscales.

De acuerdo al ministro de Finanzas, Richard Martínez, sin estas reformas el déficit para el 2018 iba a ser de USD 7700 millones. Con las reformas y las medidas de ajuste al gasto será de USD 4000 millones.

Sin embargo, queda una pregunta por responderse. ¿Qué va a pasar con los subsidios a los combustibles? Estos representan aproximadamente el 3,6% del PIB. Si el precio del petróleo sube, necesariamente el monto para los subsidios tendrá que aumentar. Para el 2018 se estima que sea de aproximadamente USD 4 000 millones.

Si en este proyecto de ley se ha incorporado la idea de tener un “fondo de ahorro” producto de los ingresos adicionales que deje la explotación de los recursos no renovables, ¿qué pasa en el caso de los subsidios? ¿La incorporación de estas reglas fiscales lleva a la eliminación paulatina de los subsidios? ¿La necesidad política de mantenerlos podría llevar a la no aplicación de las reglas y metas fiscales?

En una parte de la Ley de Fomento Productivo (que de ley de fomento productivo tiene muy poco) se hablan de excepciones. Se dice que, en casos excepcionales, las reglas y metas fiscales podrán ser suspendidas temporalmente cuando ocurran catástrofes, recesión económica grave o desequilibrios en el sistema de pagos. ¿El tema de los subsidios es una excepción?

Como todos sabemos, los subsidios son medidas de carácter económico otorgadas por los Estados a favor de ciertos sectores (en teoría, vulnerables) que tienen un carácter temporal. Sin embargo, en el Ecuador los subsidios a los combustibles ni han estado focalizados en gran medida a los sectores vulnerables ni tampoco han tenido un carácter fijo o temporal.

Se estima que solo el 20% del subsidio al GLP (gas licuado de petróleo) llega a grupos vulnerables. El 80% restante podría pagar valores reales.
En el caso del diésel, buena parte de este subsidio se dirige al sector de la pesca, transporte, minerales no metálicos y generación eléctrica. Y aunque este subsidio llega a sectores vulnerables de manera indirecta a través del costo reducido de los pasajes, hay otros sectores que se ven beneficiados, distorsionando con ello la finalidad de este subsidio.

Si se compara en términos económicos lo destinado al gas, diésel y gasolinas de alto octanaje, donde más se gasta es en el diésel. Ahora que se quiere manejar de manera más seria y técnica el Presupuesto, debería revisarse preferentemente el subsidio al diésel. Allí hay grandes distorsiones.

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