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Viernes 20 de diciembre 2019

Gustavo Arteta

Al 51% la probabilidad de que el Ecuador se encauce hacia una nueva moratoria o un “default” sigue peligrosamente elevada, según calculan los mercados financieros.

Si bien la aprobación de la Ley de Simplificación Tributaria y los anuncios desde el FMI han contribuido a disminuir el riesgo país de 1,418 y la probabilidad de default de un máximo de 67% alcanzado semanas atrás, todos deberían preocuparse y reflexionar profundamente. Toda quiebra trae penosas y costosas colas.

Después de haber bajado a 75 centavos por dólar el precio del bono ecuatoriano de referencia a 10 años (2029), esta semana se ha recuperado a 96, casi el precio que cotizaba antes del rechazo de la “ley de Crecimiento Económico”. Con ello la tasa de rendimiento que los inversionistas exigen por tener o para comprar un bono del país ha bajado del 16% al 11.50%, un nivel que todavía dejaría al gobierno sin acceso a financiamiento del mercado. Esta es una consecuencia práctica del elevado riesgo país (880). Los mercados financieros estiman que la probabilidad de un default es de 51% comparado con 34% antes de las protestas de octubre. Poniéndolo en contexto, el mercado asigna a Colombia un 6% de probabilidad de caer en default.

A los niveles actuales todavía no habría inversionista que le preste un centavo al Gobierno si pretendiera emitir bonos. Al 11.5% de interés y con 51% de probabilidad de que el país no pague, nadie invertiría, y lo más importante, sería una irresponsabilidad que siquiera el Gobierno lo intente. Lo responsable es seguir reduciendo el déficit.

Los inversionistas observan con preocupación que el país tenga un déficit presupuestario mayor al 3% del PIB, aún si todos los supuestos (algunos cuestionables) de la proforma se cumpliesen. También se sabe que los requisitos de financiamiento superan los USD 6.700 millones que reconoce el Gobierno; una situación prácticamente insostenible. Prima que se superen los bloqueos políticos y sociales y encontrar soluciones más permanentes que permitan subir los ingresos y bajar los gastos fiscales.

Sería grave que el Gobierno pierda acceso a los mercados financieros internacionales. El apoyo de los multilaterales como el FMI, BID y Banco Mundial no es suficiente, como lo demuestra el mismo presupuesto del Estado para 2020 donde consta un rubro de financiamiento por USD 3.756 millones “Del Sector Privado Financiero”.

El país todavía está a tiempo. La aprobación de la última reforma fiscal es un paso positivo que ha contribuido a reducir el riesgo país. Pero las tasas de rendimiento de los bonos siguen demasiado altas. Para reducirlas aún más se necesita seguir bajando el déficit con medidas permanentes. Y si esas fueran acompañadas por acciones que promuevan la producción y el crecimiento, sería posible dar inicio a un espiral positivo para la inversión. El Gobierno, con aciertos y desaciertos, ha estado tratando de hacerlo. Queda al resto de actores aportar lo suyo.