La corrupción se convirtió en un actor preponderante en la campaña. Solo después del próximo domingo se conocerá el peso que tuvo este factor entre los votantes, que buscan soluciones a sus problemas cotidianos.
¿Cuánto ha impactado este fenómeno entre los electores? Las últimas encuestas, difundidas hasta la semana pasada, dan cuenta de que la corrupción ya se ubica entre las tres principales preocupaciones de los ecuatorianos.
El foco de la mayoría de denuncias es el Gobierno, que ha respondido con una fórmula aplicada sistemáticamente la última década: cadenas de radio y televisión y enlaces sabatinos para descalificar a sus acusadores.
En lugar de trabajar en soluciones institucionales a los casos denunciados, especialmente en Petroecuador, donde se ha identificado un patrón sistémico en las contrataciones que llama a sospecha, el Gobierno se ha enfrascado en una pelea cara a cara, sin cuartel, contra sus detractores.
Los presuntos casos de corrupción están ahí. No son una ficción. Hay decenas de implicados y cientos de millones de dólares en contratos investigados. Los principales responsables son exfuncionarios públicos que fueron promovidos por este Gobierno, que flexibilizó todo tipo de control y abrió las puertas a la discrecionalidad.
En los primeros años de esta administración se denominaron contrataciones de emergencia, hoy se amparan en el giro específico del negocio. Un tecnicismo rebuscado para no llamarlo como se debe: contrataciones a dedo.
En varias ocasiones, el Régimen ha destacado como uno de sus logros la estabilidad política de estos diez años. Llama la atención que en todo este tiempo no haya emprendido reformas estructurales para erradicar de la administración pública las prácticas corruptas, que son consentidas -hay que decirlo- por una sociedad más cercana al consumismo desenfrenado que a la práctica de valores. Esta es, sin duda, otra huella de la ‘década ganada’.