10 de February de 2011 00:00

Los deberes de la Corte

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La Corte Constitucional (CC) se ve enfrentada al inevitable dilema de (i) admitir, por razones políticas, la idoneidad de la convocatoria a consulta popular, o (ii) de negarla, por causas jurídicas superiores. Ahora veremos si lo determinante es el compromiso con un coyuntural y difuso “proyecto”, que nunca se votó, o si la CC se alinea con los mandatos de una Constitución que, se supone, aprobó el pueblo, en cuyo nombre tantos discursos se dicen. Los deberes de la Corte son enormes y trascendentales. Lo que ella resuelva marcará a la República.

1.- El deber de independencia. Polémica como fue la transformación del Tribunal Constitucional en “Corte Constitucional”, la coyuntura le brinda ahora la oportunidad de obrar de modo que los magistrados dejen testimonio inequívoco de la nota que singulariza a los poderes en una verdadera República: la independencia, la capacidad de apartarse de las ideologías y de los proyectos, y de escoger la única vía que cabe: la de los mandatos de la Constitución. Enorme el deber y grave el reto, porque sin independencia de las instituciones, no hay democracia, sin capacidad de actuar autónomamente, no hay garantía a las libertades y, como decía la vieja Constitución francesa de 1791, sin división de poderes, no hay Constitución ni hay nación. El ejercicio de la independencia es nota de majestad, signo de fortaleza. Debería ser, además, afirmación de la rara capacidad de decir no, cuando así corresponda, conforme al único concepto que debe inspirar a un tribunal: la vigencia de los derechos, la fortaleza de las garantías, la validez de las normas.

2.- El deber de interpretación constitucional correcta. La Constitución de Montecristi, en el art. 437, nro. 1, atribuye a la CC la facultad y el deber de “Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante”.

Pero ese deber de interpretación no es discrecional, es decir, no está librado al criterio subjetivo de los integrantes de la Corte Constitucional, ni está sometido a sus ideas políticas, ni a su simpatía o antipatía a determinado proyecto. Al contrario, se trata de una facultad reglada, sometida a principios y a mandatos objetivos y explícitos que los constituyentes, es de suponer, escribieron para que se cumplan.

Esos principios y reglas de interpretación, señalan que: (i) “Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente'” (Art. 427); (ii) “Los derechos consagrados en la Constitución' serán de inmediato cumplimiento y aplicación”. (Art. 426); (iii) “Las juezas y jueces aplicarán directamente las normas constitucionales' aunque las partes no las invoquen”. (iv) El más alto deber del Estado (y de la Corte Constitucional, por cierto) consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución (Art. 11, nro. 9).- Esa es la cancha marcada en que puede moverse la CC. Así pues, en materia de interpretación, no puede “modular” sentencias, ni dar a las normas sentido diferente del que su texto imponga.

3.- El deber de objetividad. La potestad interpretativa entraña un deber jurídico antes que una tarea política, que le impone a la CC la tarea de subsumir el tema sometido a su examen, exclusivamente en las reglas vigentes. Esto excluye la subjetividad, las cargas coyunturales, y elimina del ejercicio de la facultad toda consideración distinta del análisis concreto de las disposiciones constitucionales que deben aplicarse al caso.

El deber de objetividad elimina todo vestigio de discrecionalidad, toda vaporosa alusión a “principios” indeterminados que tuerzan el sentido literal y obvio de la norma que se interpreta. En consecuencia, no queda otro camino que interpretar los textos y entender las instituciones y las facultades bajo la única lógica que corresponde: la del derecho público, en el cual solo se puede hacer legítimamente lo que está expresamente mandado y en la forma regulada por la ley. Ni más ni menos. Esto es lo que se llama el “principio de legalidad”.

4.- El dictamen de constitucionalidad de la consulta. El art. 104 de la Constitución refiriéndose a las peticiones de consulta popular, dispone: “En todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”. Entonces, en este tema a la Corte le corresponde ardua tarea interpretativa, tanto más que el art. 443 establece que, en caso de reforma constitucional, “la Corte calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde a cada caso”, es decir, si efectivamente se trata de simple “enmienda”, de reforma parcial o de reforma estructural, según lo dispuesto en los arts. 441, 442 y 444. Dependiendo del mecanismo que corresponda, el tema deberá practicarse por la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente o la consulta popular.

5.- La Corte Constitucional debe interpretar la Constitución y decidir la vía idónea. En efecto, vistas las preguntas del referéndun/plebiscito que se quiere convocar, a la Corte le corresponde decir: (i) si el cambio al Consejo de la Judicatura implica simple “enmienda”, reforma parcial o reforma estructural; (ii) si una restricción a las garantías penales puede hacerse por vía de consulta; (iii) si, en consecuencia, los cambios deben hacerse por vía de consulta popular, por la Asamblea Nacional o por Asamblea Constituyente; (iv) si procede enmienda respecto a la afectación a la presunción de inocencia y a la limitación de la libertad económica de los inversionistas.

6.- La interpretación y las respuestas. La interpretación de los arts. 441, 442 y 444 de la Constitución frente a las preguntas objeto de la consulta popular, en mi opinión, debería concluir en que NO procede el referéndum, porque: (i) se trata de una reforma estructural al CNJ, que no puede procesarse por consulta; (ii) se trata de restricciones a derechos constitucionales vigentes e intangibles, (iii) la Constitución introdujo la figura de la Asamblea Constituyente para hacer reformas estructurales y modificar reglas sobre los derechos. No es posible otra respuesta jurídica.

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