Con explicable interés, el Ecuador siguió el debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, para que los candidatos presidenciales presenten y discutan sus respectivos programas de gobierno. El debate iba a ser, además, la oportunidad para que el candidato de Correa se pronuncie sobre los temas que interesan al pueblo, responda a sus preguntas y rompa el silencio que escrupulosamente ha guardado sobre materias de estado.
Como algunas encuestas aún le colocan en el primer lugar de las preferencias, el interés por escuchar al señor Moreno era aún mayor. De allí que, más que con sorpresa, con frustrante indignación se recibió la excusa que presentara el candidato oficial, gran ausente en un debate de interés nacional.
¿Porqué el señor Moreno no quiso debatir? Se pueden aventurar muchas explicaciones pero ninguna tan poco convincente como decir que su excusa pudo deberse a que, en el debate, no se incluyó el tema de los discapacitados. Hay que recordar, a este respecto, que el año 1992 fue creado el Consejo Nacional de Discapacitados, gracias a la iniciativa de un gran patriota ecuatoriano, el doctor Rodrigo Crespo Toral, quien lo dirigió por muchos años. Su sobresaliente labor fue reconocida el año 2002, cuando el Ecuador recibió –primer país latinoamericano- el premio internacional “Franklin Roosevelt”.
El señor Moreno tiene el mérito de haber continuado la causa altruista institucionalizada por Rodrigo Crespo, verdadero pionero de esta magnífica labor social.
El tema de los discapacitados es importante pero no el único que interesa al Ecuador. Y quien aspira a dirigir nuestro país no puede aducir que, al no tratarse ese tema, los demás no dan materia para un debate presidencial.
¿Se sintió el señor Moreno con insuficiente conocimiento de los asuntos que iban a debatirse y concluyó que era preferible aceptar los efectos políticos negativos de su voluntaria ausencia y no los que se producirían al quedar en claro su falta de preparación para dirigir los destinos del país? Si así fuera, el pueblo podría preguntar porqué, entonces, aceptó una candidatura presidencial que, dada la crisis en la que está sumido el Ecuador, multiplicará geométricamente los requerimientos de energía, creatividad y recursos intelectuales para cumplir responsablemente los deberes de jefe de estado.
Como quiera que sea, la voluntaria ausencia del candidato oficial originó críticas de quienes sí participaron en el debate y dejó frustradas las expectativas del pueblo.
Ya es hora de que se entienda, en la política ecuatoriana, que la participación de los candidatos en un debate público no es una graciosa concesión de ellos, sino un deber cívico inexcusable. El pueblo tiene derecho a exigir que quienes aspiran a dirigirlo presenten coherentemente sus ideas y las defiendan.
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