La crisis general de la institucionalidad estatal se expresa en todas partes. Hoy en la Policía. Mañana saltará en otra institución. Es inevitable.
Los problemas no solo son de ayer, son de hoy, pero son también estructurales, vienen desde hace mucho tiempo. Los más agudos e invisibilizados responden a temas de concepto, doctrina y sentido. ¿Qué tipo de policía requiere este país que proclama en el primer artículo de la Constitución ser un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”.
A todas luces el Estado que se dibuja en la Constitución, es un deber ser. En la realidad, la mayoría de instituciones, incluida la Policía, responde a los conceptos de viejo estado uninacional, excluyente, ineficiente, asaltado y utilizado por élites y oportunistas y, ahora por el crimen organizado. Sin embargo, a su interior trabajan buen número de funcionarios y policías honestos que miran con terror el hundimiento del barco.
Lo cierto es que en nuestra cultura el papel aguanta todo, pero también que en los últimos años el “soberano”, la sociedad, ha madurado y demanda con mayor fuerza el cambio del estado. El repudiable asesinato de la abogada María Belén Bernal, ha canalizado no solo una indignación generalizada frente al hecho, sino un gran cuestionamiento al estado y a la Policía. Es la sociedad civil firmemente posicionada en principios evocados en la Constitución, demandando justicia y cambios radicales en la institucionalidad.
Tales transformaciones sólo las impulsará un nuevo gobierno que crea firmemente en esos principios. Mientras tanto a algunos altos funcionarios, solo les queda dar un paso al costado.