El “triunfo de la soberanía”, que apoteósicamente se celebró con la salida de los norteamericanos de la base de Manta. No obstante ser una campaña ideológica de significativo rédito político, no se consideró la enorme importancia que representaba el apoyo de sofisticados equipos y sistemas para vigilancia del espacio aéreo nacional, que cubrían los corredores del narcotráfico y del crimen organizado.
Se tenía también conciencia de la importancia de la vigilancia y control del espacio territorial y de la imposibilidad de reemplazar esas capacidades tecnológicas, con el sistema de defensa nacional. Por esa razón, en el Plan de Desarrollo 2007-2010, se determinó como estrategia, “definir con el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y otras entidades, acciones que reemplacen la inteligencia que provee Estados Unidos, desde sus facilidades en Manta, sobre flujos de drogas ilícitas desde Colombia y Perú”, para lo cual dispuso gestionar con Brasil la utilización de su sistema de vigilancia amazónica.
Si se hubiera cumplido con la estrategia planteada, se habría contenido y obstaculizado en gran medida el crecimiento de la dominancia geopolítica regional del narcotráfico y del crimen organizado, contribuyendo de forma efectiva a las otras estrategias que deben ser estructuradas con proyectos de salud, educativos y socioeconómicos, para afrontar este fenómeno que perturba la estabilidad, la paz, los valores y derechos en la región.
Pero los resultados obtenidos son una sofisticación en los medios de transporte del narcotráfico, como son los submarinos y la libertad de entrada y salida de avionetas que solo nos enteramos por la diligente acción policial en tierra, seguida de propósitos de cobertura de pistas, sin medios para la integración de los sistemas de cobertura aérea.
Sin medios no se puede cumplir ninguna misión y en la ausencia de los medios que para el caso son al menos poseer radares, se produce durante ese lapso un “daño emergente”, de grave responsabilidad en gestión administrativa ministerial, que no se soluciona con intentar aplicar las garantías, porque hay un daño producido que en economía merecería indemnización, según una auditoría administrativa, que actualmente se quiere eliminar con las enmiendas a la Constitución.
En la Asamblea, mientras, el frenesí es desmantelar a las FF.AA., cautivar mercantilmente las mentes profesionales de los militares para que se pasen a nuevas organizaciones de seguridad, como paramilitares, fraccionando instituciones; sin mirar el ejemplo de México que su penoso drama trata de reparar los errores de emplear a las FF.AA. como policía.
El presidente Mujica inteligentemente dijo: es hora de poner encima de la mesa esta problemática, para buscar soluciones. Es probable y deseable que el Consejo de Defensa de Unasur incluya en su agenda la problemática.